México, DF.- La Organización de las Naciones Unidas investiga al menos 45 desapariciones forzadas en el país, entre las que se encuentran casos de coahuilenses.

Hoy la Red de Defensores de Derechos Humanos y Familiares con Personas Desaparecidas presentará un documento con 250 desapariciones registradas en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En 55 de éstos hay elementos para señalar la intervención de agentes del Estado.

Entre los 45 casos están 21 ocurridos entre 2010 y 2011 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera en un informe que entregó a los funcionarios el miércoles.

Denuncian ante ONU las desapariciones

La mayoría de las quejas son sobre miembros de las instituciones de seguridad pública federal y local

Una misión de la ONU ha recibido en su primera semana de visita en México al menos 45 denuncias de desapariciones de personas ocurridas en el marco de la guerra contra el crimen organizado.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recibió las denuncias, principalmente, sobre desapariciones de miembros de las propias instituciones de seguridad pública federal y local.

Entre los 45 casos se encuentran 21 ocurridos entre 2010 y 2011 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) considera en un informe que entregó a los funcionarios el pasado miércoles.

Además, mañana, la Red de Defensores de Derechos Humanos y Familiares con Personas Desaparecidas presentará un documento con 250 desapariciones registradas en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En 55 de estos tienen elementos para señalar la intervención de agentes del Estado.

Uno de los casos presentados ante los especialistas internacionales es el del marino Paolo César Cano Montero, integrante del 20 Batallón de Infantería de Marina, con base en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El 29 de octubre de 2010, el joven de 26 años salió a disfrutar de su día de descanso y no regresó.

En el oficio número 0046, fechado el 3 de enero de 2011, la Armada informó a Gregorio y María Esther Cano que su hijo “cometió el delito de deserción”.

Sin embargo, en entrevista, Gregorio Cano revela que un oficial a quien conocen como el “Capitán Morales”, del 27 Batallón de Infantería de Marina, les dijo que Paolo fue “levantado” afuera de un puesto de comida callejero por un grupo de sujetos que viajaba a bordo de un carro amarillo.

En tanto, familiares de siete oficiales de la Policía Federal denunciaron ante los expertos de la ONU la desaparición de los agentes registrada el 16 de noviembre de 2009, cuando se dirigían del DF a Michoacán.

‘No está desaparecido, desertó’

El locker del marino Paolo César Cano Montero estaba cerrado con candado. En la base naval de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un uniformado tomó unas tuercas y reventó el metal. Adentro estaban la ropa del marino y su teléfono celular sin chip.

Gregorio Cano, padre del joven de 26 años, tomó las pertenencias y las revisó. Estaban todas las prendas de vestir que María Esther Montero de Cano le empacó una semana atrás.

“Su hijo desertó”, le dijo el uniformado y lo acompañó a la salida del 20 Batallón de Infantería Naval. Era el 12 de noviembre del 2010.

Dos semanas antes, el 29 de octubre, Paolo salió a disfrutar de su día de descanso, pero ya no regresó.

El joven tenía dos años de haber ingresado a la Marina, donde trabajó en operativos de combate al crimen organizado y quema de estupefacientes en Sinaloa, Nuevo León y Veracruz.

Su base estaba en el 27 Batallón de Infantería de Marina, en Cuemanco, pero el 24 de octubre fue comisionado al 20 Batallón.

La versión oficial que la Secretaría de Marina dio a los padres en el oficio número 0046, con fecha del 3 de enero de 2011, es que el joven “cometió el delito de deserción” al no presentarse a los tres días de su franquicia reglamentaria, como lo establece el artículo 255 del Código de Justicia Militar.

Sin embargo, Gregorio y María Esther aseguran que no han sido informados de que se haya iniciado un procedimiento penal contra su hijo.

“Paolo hablaba con nosotros cada tercer día. Si hubiera desertado, nos lo habría dicho. Teníamos una comunicación muy estrecha”, dice en entrevista María Esther, maestra ahora responsable de sostener a la familia, mientras su esposo se concentra en la búsqueda.

Gregorio asegura que, en el 27 Batallón de Infantería Naval, un oficial a quien conocen como el Capitán Morales les dijo que su hijo fue “levantado” afuera de un puesto de comida.