Ciudad de México.- Ante el creciente número de robo de celulares, la diputación perredista impulsa una iniciativa de reformas para agravar las sanciones e inhibir de esta manera la incidencia en la comisión de este delito.

A través de un comunicado, la diputada Joaquina Navarrete Contreras sostiene que de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, el robo de celulares es el delito más cometido en el país y genera ganancias de alrededor de 6 mil millones de pesos anuales a las bandas criminales.

Puntualizó que información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en 45 por ciento del robo a transeúntes se les despoja de su teléfono móvil.

Navarrete Contreras destaca que la sustracción de teléfonos celulares no sólo se traduce en una pérdida patrimonial, mayor o menor para la víctima, sino que pone en riesgo la información personal, familiar y laboral, la cual es usada para la comisión de otros delitos como el secuestro, robo de identidad y extorsión, advirtió.

De ahí que la legisladora considere necesario reformar el Código Penal Federal con el propósito de adicionar el artículo 376 para que cuando una persona se apodere de un teléfono celular con violencia, se le imponga una pena de dos a cinco años de prisión y de quinientos a mil días multa, sin menoscabo de las penas aplicables a los otros delitos que cometa.

La iniciativa turnada a la Comisión de Justicia también plantea aplicar la misma pena a la persona que trafique con celulares y en el caso de que el móvil sea usado para la comisión de otros delitos, la pena prevista para éste se aumenté en una cuarta parte.

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