Ciudad de México.- La Cámara de Diputados presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para impugnar el acuerdo aprobado por el Congreso de Tamaulipas que blinda al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien actualmente enfrenta un proceso de desafuero.

De acuerdo con el proyecto de la demanda, el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el 3 de marzo pasado, viola los artículos 14, 35, 41, 49, 111, 116 y 133 de la Constitución, porque vulnera la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia penal contra servidores públicos.

La Cámara de Diputados sostiene que esa facultad está establecida en la facción V del Artículo 74 de la Carta Magna.

“ Como podemos observar la facultad de declaración de procedencia se instituyó para conocer y resolver sobre la acusación que realice cualquier ciudadano o los requerimientos del Ministerio Público, mediante la presentación de elementos de prueba en contra de diversos servidores públicos, por su probable responsabilidad penal”, señala.

El documento detalla que en el caso específico de los Gobernadores, el Artículo 111 de la Constitución plantea que el procedimiento a seguir ante un proceso de desafuero será el mismo establecido para diputados federales y senadores, Ministros, Magistrados, consejeros de la Judicatura Federal, Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República y los consejeros electorales.

No obstante, sólo en estos casos la declaración de procedencia será para efecto de que se comunique a las Legislaturas locales, para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

La Constitución establece que para proceder penalmente en contra de cualquiera de estos funcionarios, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si hay o no lugar a actuar en contra del inculpado.

Si la Cámara baja declara que se debe proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes.

“ En lo que se refiere a los Gobernadores, diputados a las Legislaturas locales y Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia de los Estados a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la Legislatura local respectiva, únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano Jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”, reitera.

De acuerdo con el borrador, la impugnación busca desarrollar y reglamentar una supuesta homologación prevista en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, mismo que no tiene fundamento constitucional.

El 2 de marzo pasado, la mayoría de los diputados locales del PAN y vía “fast track” aprobaron nuevas reglas en materia de procedencia de desafuero, las cuales les dan al Congreso local la última palabra en el proceso que actualmente enfrenta Cabeza de Vaca.

Lo anterior luego de que, a petición de la Fiscalía General de la República, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados abrió una investigación para determinar si procede o no el desafuero del Mandatario local.

El proyecto ya fue aprobado por la Junta de Coordinación Política y en breve solicitarán a la Mesa Directiva que lo someta a discusión del Pleno.