Saltillo, Coah.-  Durante la presentación del Informe Anual de Resultados 2021, el auditor Superior del Estado, Manuel Rodríguez, reveló que busca que Coahuila tenga su propia Ley de Juicio Político, la cual se pretende incluir en la agenda legislativa del 2023.

Esto con la intención de que se castigue, sin confusiones jurídicas, a los funcionarios que incurran en faltas a los derechos fundamentales de la población.

De igual forma se propone que el plazo de solventación de observaciones se reduzca a la mitad, de 40 a 20 días hábiles; ya que dejan muy poco margen de tiempo a la Auditoría Superior para hacer su labor.

Desprendido del ejercicio anterior, se detectaron 6 mil 706.13 millones de pesos en observaciones, como resultado de auditorías de Cumplimiento, Inversión y Obra Pública y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, una reducción global del 18% en comparación al año 2020.

Del monto total, 4 mil 483.45 millones corresponden al ámbito estatal entre poderes del Estado, entidades autónomas y organismos públicos descentralizados.

Los 2 mil 222.68 millones de pesos pertenecen al ámbito estatal, como ayuntamientos, sistemas de agua y saneamiento, así como organismos descentralizados.

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En materia de cumplimiento, los municipios con más observaciones fueron el de Torreón, Matamoros, Parras de la Fuente y Frontera, que no alcanzaron a solventar los requerimientos y señalamientos fincados en el proceso”, comentó.

Denuncias y juicio

Por lo que toca a las denuncias que se van a colocar ante el Tribunal de Justicia Administrativa, contralorías internas, o la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, se ha iniciado un periodo de clasificación y revisión a las observaciones que no fueron atendidas por las entidades.

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Este proceso va a pasar al departamento de investigación. El área de seguimiento integra los expedientes, los turna al Jurídico y posteriormente se sustancian. De momento no podemos definir cuáles se convertirán en carpetas de investigación o no, porque falta un tiempo de estudio a todas las observaciones que se quedaron”, apuntó.

De acuerdo con Luis Carlos García Gil, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASE; el  juicio político ya existe en un capítulo en vigor en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, y en la Constitución del Estado; “prácticamente son los mismos artículos. Hay confusión, y con la creación de una ley específica se hará más práctica la infraestructura jurídica en el sentido de contar con un ordenamiento que prevea esta figura”.

La Auditoría Superior inicia carpetas de investigación ante el Tribunal Administrativo ante las faltas graves encontradas en la revisión de las cuentas públicas y aplicación de recursos de los 146 organismos obligados; las menores son procesadas por los órganos de control interno, mientras que los quebrantamientos son motivos de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.

En los resultados publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio 2021 el promedio de cumplimiento del estado de Coahuila fue del 96.69%, ubicándolo en la posición número 10 a nivel nacional.

Para el ejercicio 2021, el promedio de cumplimiento de los entes públicos del estado en la evaluación de la armonización contable fue del 87.38%, obteniendo un grado de cumplimiento medio.

Con las adecuaciones que se propondrán al Congreso del Estado, la ASE busca que haya mayor fiscalización y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

Así como también pretenden que las sanciones no sean tan laxas, sobre todo cuando hay reincidencia por parte de un funcionario; reconociendo que la mayoría son apercibimientos públicos o privados.

Propone ASE al Congreso

–Abrogación de la Ley de la Unidad de Cuenta.

-Creación de la Ley de Juicio Político.

-Defensor Público de Oficio en materia de Responsabilidades Administrativas.

-Modificación de los plazos para solventar los pliegos de observaciones.

– Rendición de informes de regidores sobre los egresos generados.

-Promoción de responsabilidades administrativas a partir de los procedimientos de entrega recepción.

-Seguimiento de sanciones por faltas administrativas no graves.