Ciudad de México.- El plan de acción ante el arancel de 17 por ciento que Estados Unidos impuso al tomate mexicano consiste en buscar nuevos mercados, darle un mayor valor agregado al producto y mantener el apoyo a los exportadores, todo para evitar el impacto que inicialmente podría acabar con 50 mil empleos, afirmó el director jurídico de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), Gustavo Robles Balderrama.

“Básicamente se llegaron a tres acuerdos: uno es un apoyo en la búsqueda de nuevos mercados, que al parecer Asia pudiera ser una buena oportunidad, Japón y Corea del Sur podrían ser algunos nuevos destinos; otorgar algún valor agregado a la producción de tomate mediante un proceso de industrialización y, finalmente, la continuidad del esquema de exportación, que este es un mecanismo que ya tiene muchos años operando y le da orden y corrección a toda la empresa tomatera mexicana”, dijo en entrevista Robles Balderrama.

El abogado, uno de los asistentes a la reunión de productores con el Secretario de Agricultura (Sader), Julio Berdegué, y el jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales en Secretaría de Economía, Víctor Aguilar, reconoció el complicado panorama para la agricultura mexicana con la finalización del Acuerdo de Suspensión del Tomate que les permitía exportar sin el pago de aranceles.

El mercado asiático sería, de todos modos, muy costoso por el transporte, dijo, se planteó Europa, pero ya está muy saturado por su propia producción, lo mismo que Sudamérica.

“Definitivamente, el mercado normal, en materia económica, es Estados Unidos, eso no cabe duda. En Asia hay alguna oportunidad de enviar, hay algún mercado, sin duda tenemos que sacar números, para ver si efectivamente hay una viabilidad en el envío de productos hacia Japón y Corea del Sur”, manifestó.

El último, tras una intensa negociación de tres meses, fue firmado el 19 de septiembre de 2019, y el primer aviso de parte de que Estados Unidos que quería retirarse llegó el 14 de abril con un periodo de 90 días para la terminación final, que concluyó el lunes 14 de julio.

“Los productores hicimos mucha gestión, mucho cabildeo político en Estados Unidos. Obtuvimos muchas cartas de apoyo de más de 450 empresas norteamericanas. El gobernador de Texas expresó su apoyo al Acuerdo. La gobernadora de Arizona. Distintos senadores republicanos, congresistas republicanos y congresistas demócratas. Sin embargo, en una decisión meramente política, deciden terminarlo”, afirmó.

“Ahorita hay un esquema que se pudiera optar, un acuerdo comercial, pero ya sería entre países. Sería ya entre México y Estados Unidos a través del USTR, United States Trade Representative (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos). Ellos serían la nueva autoridad con la que se tendría que negociar, pero ya no la industria tomatera mexicana como tal, como sucedía con el Departamento de Comercio. Ya sería de gobierno a gobierno”.

El nuevo impuesto, calculó Robles Balderrama, podría disminuir entre 15 y 20 por ciento la extensión de hectáreas de siembra tomatera.

“Tenemos 50 mil hectáreas más o menos de tomate en todo el país. Si hay una disminución de 5 mil a 10 mil hectáreas, representa fácilmente 50 mil empleos de jornaleros agrícolas de manera directa. Y en números, serían 180 millones de dólares para tener una idea de lo que sería este costo”, explicó.

El abogado de la Asociación Mexicana de Horticultura aseguró que el mercado estadounidense requiere más de 3 millones de toneladas y su industria local produce apenas 600 mil. “La necesidad ahí va a estar”, dijo, pero admitió que si el precio aumenta demasiado, los consumidores también podrían dejar de consumirlo.

“Ya ha pasado, por eso el riesgo”, insistió.

De manera oficial, la Sader no ha detallado el plan de acción integral que Berdegué mencionó después de la reunión del martes.

En ese encuentro participó también el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve, y acordaron volver a reunirse en dos semanas.

Esteve dijo que, más que un plan son conversaciones para ir respondiendo según avancen las cosas con la búsqueda de nuevos mercados, dar valor agregado a los tomates o fianzas a corto plazo. Sin embargo, el presidente del CNA descartó preocupación pues consideró que el impuesto será absorbido por los consumidores de ese país.

“Los americanos van a tener que pagar el costo adicional del tomate mexicano. Hoy podrían ponerle a sus hamburguesas tomates de una calidad inferior, pero en el invierno se quedarían esas hamburguesas sin tomates, porque 7 de cada 10 tomates frescos que se consumen en los Estados Unidos vienen de México. No hay manera de que los agricultores de Florida puedan sustituir la importación”, aseguró en entrevista.