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| La diputada morenista Marisol Bazán Fernández, impulsa reformas al Código Penal de Guerrero. Crédito: Especial

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Buscan sea delito fraude con programas sociales

  Por Agencia Reforma

Publicado el lunes, 19 de enero del 2026 a las 23:52


La diputada local de Morena, Marisol Bazán Fernández, impulsa una iniciativa de reforma al Artículo 240 del Código Penal de Guerrero

Guerrero.- Ante los recurrentes fraudes en contra de beneficiarios de programas sociales del Bienestar, de los cuales ha alertado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la diputada local de Morena, Marisol Bazán Fernández, impulsa una iniciativa de reforma al Artículo 240 del Código Penal de Guerrero.

La legisladora subrayó que los defraudadores aprovechan la versatilidad de las redes sociales, y “con información falsa simulan ofrecer, afiliar u otorgar programas sociales, utilizando imágenes y símbolos oficiales apócrifos, para inducir al error y obtener información o, en situaciones más delicadas, cobrar cuotas para conseguir beneficios económicos indebidos”.

Al fundamentar su propuesta, la legisladora por el Distrito IV de Acapulco, sugiere penalizar como Fraude Equiparado, la obtención de beneficios económicos indebidos, a través de las siguientes acciones ilícitas:

– Simular ofrecer, afiliar u otorgar programas sociales del Gobierno federal, estatal o municipal.
– Utilizar símbolos o imágenes oficiales para apoderarse, apropiarse, transferir o disponer de datos personales.

Asimismo, se pronunció por agravar hasta una tercera parte la pena, cuando la víctima sea adulta mayor, con discapacidad, indígena, afrodescendiente, o mujer en situación de vulnerabilidad.

Bazán Fernández, enfatizó que esta agravante tiene su fundamento en el Artículo 6 de la Constitución Política de Guerrero, que reconoce el derecho de los grupos vulnerables para acceder a condiciones de bienestar e inclusión.

Además, detalló que la iniciativa plantea que la privación de la libertad es una medida efectiva para evitar que personas suplanten a servidores públicos.
Refirió que “ese fraude afecta el patrimonio de las víctimas y la confianza en las instituciones, por lo que la penalidad tiene como finalidad desincentivar la comisión de este tipo de fraudes”, concluyó.

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