Monclova, Coah.- Aún y cuando la Suprema Corte de la Justicia de la Nación invalidó la objeción de conciencia del personal de salud frente al aborto, el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Monclova advirtió que en caso de que por ley se pretenda obligar a sus agremiados a practicar abortos criminales o inducidos, utilizarán recursos legales para no llevarlos a cabo.

Jorge Sepúlveda Marroquín, integrante de la Comisión de Honor y Justicia, sostuvo que no se les puede obligar porque

“ “como ginecólogos hicimos un juramente hipocrático de que a pesar de que me amaneces de muerte, prefiero perder la vida a hacer algo que no esté dentro de mis principios éticos, morales y de formación”.

“ “Esa es la postura que hemos tomado y vamos a seguir tomando, es algo que está dentro de nuestro derecho el no hacer una acción que no vaya dentro de nuestros principios”, expresó.

Pero en caso de que por ley se les obligue a practicar abortos criminales, señaló que los ginecólogos van a utilizar recursos legales para no hacer algo con lo que no están de acuerdo.

No quieren realizar abortos

Jorge Sepúlveda Marroquín consideró que pudiera haber lugares especiales en los que se podrían practicar abortos, como los hospitales de la Secretaría de Salud, los cuales pudieran tener personal que esté de acuerdo en practicarlos.

Sin embargo, dijo que en lo personal no está enterado que ginecólogos de Monclova estén de acuerdo en realizarlos.

El entrevistado manifestó que la postura de no practicar abortos criminales o inducidos es uniforme entre todos los integrantes de la Federación Mexicana de Ginecología, de la que forman parte todos los colegios, entre ellos el de Monclova.

Comentó que esa instancia se encuentra al pendiente de todo lo que sucede sobre el tema, cuenta con un departamento legal y tiene contacto directo con legisladores del Congreso de la Unión.

Esto lo expuso a propósito de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación instó al Congreso a revisar la norma actual de la objeción de conciencia en el tema del aborto establecida en la Ley General de Salud, debido a que no fija límites claros para el ejercicio de esa facultad sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas.