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Caen funcionarios al servicio del CJNG en Michoacán

  Por Grupo Zócalo

Publicado el viernes, 20 de marzo del 2026 a las 00:39


Síndica, regidores y mandos policiales fueron arrestados en operativo federal; investigan infiltración del crimen en municipios.

Ciudad de México.- Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales derivó este jueves en la detención de cinco funcionarios del municipio de Chavinda, señalados por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre los detenidos se encuentra la síndica Ana Laura Covarrubias Ramos, identificada por autoridades como operadora del grupo criminal dentro del ayuntamiento. Junto a ella fueron arrestados los regidores Jesús Vega Ayala y Paulo César Alejandre Cárdenas, así como el director y subdirector de Seguridad Pública municipal, Juan Carlos Jacobo García y César Adrián Olmos Sánchez.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en distintos puntos del municipio gobernado por el alcalde Armando Pérez Mendoza, emanado de Movimiento Ciudadano.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron una patrulla de la Policía Municipal en la que encontraron armamento, droga y equipo táctico, incluyendo un chaleco antibalas con insignias del CJNG, envoltorios con cocaína, rifles de asalto, una pistola calibre .9 milímetros y más de 200 cartuchos útiles.

De acuerdo con fuentes de seguridad, estas detenciones marcan el arranque de la llamada “Operación Enjambre”, una estrategia enfocada en desarticular presuntas redes de infiltración criminal en corporaciones policiales de al menos 20 municipios del occidente de Michoacán.

Las investigaciones se intensificaron tras los narcobloqueos del 22 de febrero, cuando vehículos incendiados colapsaron vialidades en respuesta a un operativo militar. Según autoridades, algunas policías municipales habrían colaborado o permitido estas acciones, además de filtrar información a grupos delictivos.

Días después, el 24 de febrero, ya habían sido detenidos 11 policías en Ecuandureo, presuntamente implicados en esos hechos y sin registro en el sistema nacional de seguridad.

El caso de Chavinda refuerza las alertas sobre la penetración del crimen organizado en estructuras locales de gobierno, un fenómeno que autoridades buscan contener mientras avanzan las investigaciones y posibles órdenes de captura adicionales.

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