Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, habría pactado su entrega voluntaria ante las autoridades de Estados Unidos en busca de ser “testigo colaborador”. Sin embargo, el exfuncionario no cruzó la frontera con las manos vacías: presuntamente llevó consigo información altamente clasificada que pondría en jaque a la Cuarta Transformación (4T) y al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con el periodista Salvador García Soto en su columna para El Universal del lunes 18 de mayo, Mérida Sánchez ingresó a EU con una caja que tendría videos, memorias USB y documentos con información que detallan presuntas irregularidades del partido Morena.

Las dos revelaciones de Gerardo Mérida que amenazan a la 4T

Según las fuentes citadas por el columnista, el material contra la 4T se centra en dos temas de alta sensibilidad política:

• “Culiacanazo” de 2019

Entre las revelaciones que Gerardo Mérida Sánchez aportaría al Departamento de Justicia de Estados Unidos, destacan los supuestos materiales probatorios relacionados con el operativo fallido del 17 de octubre de 2019.

El exfuncionario supuestamente posee evidencias sobre la orden directa del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, que obligó al Ejército mexicano a liberar a Ovidio Guzmán López, alias el “Ratón”, tras haber sido capturado en Culiacán.

• Financiamiento ilícito

Asimismo, García Soto señala que Mérida Sánchez aportaría documentos que acreditarían un supuesto financiamiento ilícito a las campañas de Morena en los procesos electorales de 2018 y 2024.

“ El general Mérida Sánchez también llevó consigo en su cruce a Arizona documentos y pruebas de un presunto financiamiento a las campañas presidenciales de Morena en 2018 y en 2024″, se lee en la columna.

El cerco de EU a Sinaloa y la entrega pactada de exfuncionarios

El exfuncionario Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Administración y Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega, forman parte del grupo de diez funcionarios sinaloenses acusados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Según la información que se ha revelado sobre la situación, la entrega de ambos excolaboradores del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se habría pactado tras negociaciones con agentes de la embajada estadounidense en México desde abril, justo después de que la administración de Claudia Sheinbaum recibiera las solicitudes de extradición formuladas por la Corte Sur de Nueva York.

Debido a sus antiguos cargos, Gerardo Mérida Sánchez habría tenido acceso a supuestos acuerdos de seguridad, mientras que Enrique Díaz Vega controlaba el manejo financiero del estado.

EU cobra facturas pendientes a la 4T

Según el periodista, la ofensiva del Departamento de Justicia, respaldada por la DEA y la CIA, representaría el cobro de “viejas afrentas institucionales” por parte de Estados Unidos hacia la política de seguridad del gobierno mexicano.

La primera de ellas sería la presunta inacción judicial en el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue devuelto bajo la promesa de ser juzgado en territorio nacional, situación que finalmente terminó en su exoneración.

La segunda factura corresponde a la propia liberación de Ovidio Guzmán, la cual afectó una orden de detención con fines de extradición emitida bajo el primer mandato de Donald Trump.

Según explica el texto, la paradoja jurídica resalta que la justicia norteamericana utilizará contra los políticos de Morena el mismo formato de juicio, jueces y testigos colaboradores que el bloque oficialista aplaudió y validó en su momento durante el proceso contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal.

Con información de Político MX