Ciudad de México.– La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) emitió un llamado urgente al Poder Legislativo para reconsiderar la reducción al estímulo fiscal por pago de peajes aprobada en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, al advertir que la medida afectará la operatividad del sector y encarecerá la cadena de suministro en el país.

El ajuste aprobado por la Cámara de Diputados reduce el tope de ingresos para acceder a este beneficio de 300 millones de pesos —límite vigente en 2026— a 250 millones de pesos. La disposición permite a las empresas de transporte acreditar hasta el 50 por ciento de las cuotas pagadas en autopistas peajeadas, por lo que la modificación dejará fuera del esquema a miles de unidades productivas.

Propuestas del sector a Hacienda y al Congreso

En conferencia de prensa, Augusto Ramos Melo, presidente de la Canacar, aclaró que el gremio no busca exenciones ni privilegios fiscales, sino condiciones operativas acordes a la realidad del transporte, cuyos costos absorben insumos crecientes en combustibles, peajes, seguros y mantenimiento.

Ante el ajuste presupuestal, el organismo empresarial planteó dos alternativas dirigidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a los legisladores:

– Mantener el umbral previo: Conservar el límite de 300 millones de pesos registrado en 2026 para evitar afectaciones financieras en el sector.

– Aplicación proporcional del incentivo: Permitir que todas las empresas apliquen el acreditamiento fiscal hasta el tope de los 250 millones de pesos y que únicamente el excedente de facturación quede excluido del beneficio.

Ramos Melo lamentó la falta de mesas de trabajo previas con la industria y advirtió que la contracción del estímulo repercutirá en el costo final de los mercancías, impactando de forma directa la inflación al consumidor.

Impacto de la inseguridad en carreteras

El dirigente empresarial señaló que la presión hacendaria se suma a la crisis de inseguridad que enfrenta el autotransporte de carga por robos, agresiones y extorsiones en la red carretera nacional.

La Canacar denunció que, tras el despojo de una unidad, los trámites administrativos para su recuperación resultan lentos y burocráticos, paralizando las operaciones comerciales mientras los empresarios continúan cubriendo salarios y compromisos financieros, a pesar de las inversiones privadas en sistemas de rastreo satelital y protocolos de seguridad para los operadores.