Washington.-La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la Casa Blanca y otras agencias federales podrán seguir pidiendo a las plataformas de redes sociales que eliminen cierto contenido que pueda llevar a la desinformación, una decisión clave para el país y el gobierno de Joe Biden en este año electoral.

Por 6 votos contra 3, la Corte Suprema rechazó el esfuerzo liderado por los republicanos para limitar drásticamente esta capacidad y desestimó así la petición de los gobiernos de Misuri y Luisiana, además de varios usuarios de redes, quienes presentaron una demanda acusando a la administración Biden de violar la Primera Enmienda (la de la libertad de expresión).

La relevancia del caso, cuya audiencia se celebró en marzo, era notable, pues podría haber servido para fijar las normas para la libertad de expresión en internet, dado que debía decidir hasta dónde puede llegar el gobierno federal para combatir publicaciones polémicas en redes sociales sobre temas como el covid-19 y las elecciones.

Pero en lugar de profundizar en las importantes cuestiones de la Primera Enmienda planteadas por el caso, el tribunal dictaminó que el estado y los usuarios de las redes sociales que desafiaron a la Administración Biden no tenían legitimación activa para demandar.

En Estados Unidos no existen normas que regulen específicamente los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. Ante la ausencia de esta legislación, el Tribunal Supremo está adquiriendo un papel cada vez más importante.

La Corte Suprema ya había suspendido un fallo de apelación sobre este tema y ahora lo anula.

Los conservadores alegaron que el gobierno presionó o se confabuló con plataformas como Facebook y Twitter para censurar contenidos de la derecha con el pretexto de luchar contra la desinformación.

En nombre de la mayoría, la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett estimó que el tribunal de apelación se ha “equivocado” al considerar que los demandantes tenían legitimación. No “probaron” un riesgo significativo de perjuicio atribuible a los contactos entre funcionarios federales y las redes sociales.

Información de Milenio