Ciudad de México.— El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma histórica al Código Penal local que endurece las penas por delitos de género y elimina barreras para la denuncia. La iniciativa, impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene como objetivo fortalecer la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.

Entre los cambios más significativos, destacan:

– Abuso Sexual: Se eleva la pena hasta siete años de cárcel y, crucialmente, será perseguido de oficio.

– Violencia Familiar: La penalidad máxima se incrementa de seis a siete años de prisión cuando existan agravantes, como lesiones graves, uso de armas o embarazo de la víctima.

– Acoso Sexual: La sanción aumenta hasta cinco años de cárcel y también se perseguirá de oficio.

Castigo a “depredadores” digitales

La reforma crea y tipifica por primera vez el delito de acoso sexual digital en la Ley, con una pena de cuatro a seis años de cárcel y multas elevadas (500 a 1,000 días de multa).

La diputada Laura Álvarez (PAN) señaló que la pena se aumentará hasta una mitad si el agresor se hace pasar por un menor de edad, servidor público o docente. “Algo muy importante es que este delito… no será necesario de que el niño denuncie”, puntualizó la legisladora.

Un cambio de paradigma: De castigo a reeducación

Al justificar el dictamen, la diputada Cecilia Vadillo (Morena) afirmó que la reforma es un precedente que “va a revolucionar la manera en que se juzgan los delitos sexuales en nuestro país y en la Ciudad de México”.

Además de las penas punitivas, la reforma introduce un cambio de paradigma al obligar a los agresores a asistir a talleres de reeducación con el fin de transformar las conductas aprendidas y los estereotipos de género que normalizan la violencia.

La reforma también crea el delito de violencia familiar entre parejas, diferenciándolo de otros vínculos familiares, lo que permitirá generar estadísticas más precisas y diseñar mejores políticas públicas con enfoque de género.

La diputada Valentina Batres (Morena) destacó que los cambios eliminan barreras a la denuncia y aclaran los tipos penales, definiendo que “el silencio o la pasividad no equivalen a consentimiento” en el abuso sexual.

Las reformas aprobadas por unanimidad serán enviadas a la Jefa de Gobierno para su publicación oficial y posterior entrada en vigor.