Los gobernadores de Morena no están exentos de escándalos ni se distinguen por su competencia. Pero quien ahora se encuentra en el ojo del huracán es el tabasqueño Adán Augusto López Hernández. Pues su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, lideró una red de corrupción dedicada al tráfico de drogas y migrantes, la extorsión y el robo de combustibles. “La Barredora”, nombre de la organización cuya fundación se le atribuye, formó parte por un tiempo del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La ruptura provocó una escalada de violencia en la región.
López Hernández renunció a la gubernatura en 2023 para asumir la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Olga Sánchez Cordero, invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le sustituyó Carlos Merino. López Hernández fue uno de los aspirantes presidenciales de Morena. Para evitar divisiones en su movimiento, AMLO acomodó las fichas de modo tal que quienes no alcanzaran la nominación quedaran protegidos. A su paisano le correspondió la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado.
El vínculo de Bermúdez con “La Barredora” se confirmó por una filtración masiva de datos de la Secretaría de la Defensa, realizada por la organización internacional de jáqueres Guacamaya, el 29 septiembre de 2022. La orden de aprehensión contra Bermúdez se dictó en febrero, y desde entonces se encontraba prófugo. El 12 de septiembre fue detenido en Paraguay. El líder senatorial, López Hernández, se ha deslindado de su excolaborador. Dice que comparecerá ante la Fiscalía General de la República, si es llamado.
¿Cuántos de los 24 gobernadores de Morena y los ocho de las demás formaciones, que se retrataron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 2 de septiembre —y de sus predecesores—, terminarán en prisión, como los de la “foto maldita” tomada en los tiempos de Enrique Peña Nieto? Es difícil saberlo. Lo único cierto es que la mandataria ha demostrado voluntad y firmeza para combatir la corrupción en todos los estratos de poder. Empezar por Tabasco, estado natal de AMLO, es una señal inequívoca de la decisión presidencial de poner orden también en los estados.
“Cero impunidad”, dijo la presidenta en la rueda de prensa del 17 de septiembre. “No importa si (Bermúdez) fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena. Cero impunidad”, reiteró. Sheinbaum subrayó la importancia de “conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener estos vínculos con la delincuencia, y cómo se separa del cargo a principios de 2024. (…) La idea es que venga aquí y que declare (…) y ante el pueblo de México informar todo lo que se tenga que informar, que no se esconda absolutamente nada”. Horas después, Hernán Bermúdez era extraditado a nuestro país.
Morena gobierna por primera vez 24 estados. Entre ellos Sinaloa, Sonora, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas donde los carteles de la droga tienen mayor presencia. La violencia que afrontan los gobernadores de la 4T se gestó sexenios atrás. Sin embargo, fueron elegidos precisamente para resolver un fenómeno de larga data y, en la medida de lo posible, erradicarlo. No para fomentarlo y menos aún, como pasó en Tabasco e igual puede suceder en los estados en poder de la oposición, para crear carteles desde el poder mismo. Quienes lo hagan saben a qué atenerse: “Cero impunidad”. La palabra de la Presidenta está empeñada.
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