Por Jeremy J. Radachowsky
Director Regional de Wildlife Conservation Society  (WCS) Mesoamérica y Caribe

El reciente brote del gusano barrenador en América Central y México es una alerta que no podemos ignorar. Este devastador parásito, que afecta tanto a animales como a humanos, había sido prácticamente erradicado al norte de Colombia gracias a décadas de esfuerzos coordinados y a la barrera natural del Tapón del Darién. Sin embargo, desde 2023 hemos visto una explosión de casos, pasando de 25 al año a más de 50 mil casos acumulados en América Central y México en un solo año, con impactos devastadores en toda la región.

El brote se ha expandido desde Panamá hasta México, siguiendo las rutas del contrabando ilegal de ganado a través de Centroamérica. Los casos recientes en La Libertad, Guatemala, y Catazajá, Chiapas, confirman lo que muchos expertos han sospechado: la propagación del gusano barrenador no es solo una crisis sanitaria, sino una consecuencia directa del contrabando ilegal de ganado.

La ruta del problema

En Nicaragua, se ha evidenciado que ganado criado en territorios indígenas y áreas protegidas, como Indio Maiz y Bosawás, se introduce ilegalmente en el mercado formal mediante la falsificación o el reciclaje de aretes de identificación. Estos animales, a menudo malnutridos y enfermos, son transportados sin controles sanitarios, lo que facilita la propagación del gusano barrenador y otras enfermedades.

Desde Nicaragua, las rutas de contrabando cruzan las fronteras hacia Honduras, Guatemala y México, utilizando caminos bien conocidos: el Parque Nacional Patuca en Honduras, los departamentos de Izabal y Petén en Guatemala, y finalmente Chiapas. Este comercio ilegal es una industria multimillonaria presuntamente controlada por redes criminales transnacionales, incluidos cárteles de la droga como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Qué se puede hacer?

Intentar contener el brote del gusano barrenador con métodos tradicionales, como la liberación de insectos estériles o los cercos sanitarios, será insuficiente mientras la frontera sur de México siga abierta al contrabando ilegal de ganado. Este comercio no solo amenaza a la industria ganadera legal y a la salud pública, sino que también pone en peligro los ecosistemas y las comunidades rurales que dependen de ellos.

Cabe destacar que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), que representa a 700,000 ganaderos mexicanos, ya ha declarado públicamente su apoyo para detener este contrabando. Este respaldo de los ganaderos subraya la urgente necesidad de proteger al sector formal y garantizar la sanidad animal en el país.

Por esta razón, WCS insta a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos a fortalecer los controles fronterizos y desmantelar las redes de contrabando. Esto requerirá una cooperación internacional sin precedentes, que incluya inversiones en tecnología de monitoreo, el fortalecimiento de las capacidades aduaneras y, sobre todo, una estrategia integral para enfrentar a los grupos criminales que se benefician de este comercio.

Cerrar la frontera al contrabando de ganado no es solo una cuestión de sanidad animal; es una necesidad para proteger la economía, la seguridad y los bosques de nuestra región.

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Con información de Aristegui Noticias