EL PAÍS / Chihuahua.- Poco antes de alcanzar la pista, el motor del helicóptero empezó a fallar. El piloto ya se preparaba para un aterrizaje de emergencia y avisó a los pasajeros. “¡No se raje!”, le gritó desde el asiento trasero el gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, acompañado de su esposa y tres amigos. El helicóptero terminó desplomándose contra la sierra Tarahumara como un mosquito aturdido por una ráfaga de insecticida. El piloto se rompió dos vértebras y la familia y amigos de Duarte, salvo un par de contusiones, salieron ilesos.

Era un viernes del verano pasado y Duarte acostumbraba a usar los helicópteros oficiales para trasladarse los fines de semana hasta su rancho serrano, una vasta propiedad equivalente a unos 600 campos de fútbol. Tanta era la frecuencia que montó un helipuerto personal y una pista de tierra de casi un kilómetro. Un año después, pasadas y perdidas las elecciones en el Estado, se acabaron los helicópteros y han empezado a llover las acusaciones de corrupción.

Operaciones inmobiliarias tan controvertidas como la construcción de una presa de 3 millones de metros cúbicos dentro de su propio rancho, la sistemática negativa a publicar su patrimonio, una denuncia en España por querer pagar deudas privadas con dinero público y hasta una investigación abierta en la Fiscalía federal (PGR) por las maniobras de un banco en la que él y su esposa entraron como accionistas mientras su secretario de Hacienda era el fundador y director de la entidad.

Duarte fue uno de los tres jóvenes gobernadores que hace no tanto el presidente Peña Nieto ponía públicamente como ejemplo de renovación dentro de la vieja maquinaria priísta. Hoy, Javier Duarte está prófugo y expulsado del partido, mientras que los otros dos, Borge y el otro Duarte, cada vez más arrinconados por la sombra de la corrupción, están a un paso de ser también desahuciados por el mismo PRI que un día fueron llamados a renovar. Los dos tienen expedientes abiertos y el presidente nacional, Enrique Ochoa, ya ha avisado que quiere cortar la hemorragia de manera “inmediata y lo más pronto posible”

El rancho donde cayó el helicóptero se llama el Saucito. Siendo ya gobernador se lo compró a un primo. Además de la presa y el helipuerto, los terrenos están equipados por casas que suman 1600 metros cuadrados, un estanque de 200, una laguna y las caballerizas para los pura sangre y los cuarto de milla.

Duarte no ha hecho público su patrimonio. Una reciente investigación de Televisa revela que buceando por registros públicos aparecen hasta 36 propiedades a su nombre: 8.000 hectáreas y un valor aproximado de 100.000 millones de pesos. “Hay propiedades desde 1988 entre mis activos. Fui el vendedor de coches más importante de Juárez durante casi 10 años. Y mi familia yo somos empresarios ganaderos”, respondió en el programa de televisión al ser preguntado por el origen de su fortuna.

Desde que empezaron a aparecer los agujeros, el exgobernador ha dado la cara. Sus respuestas coinciden con las de Sergio Belmonte, su último director de comunicación: “Es todo una estrategia electoralista del ahora gobernador, el panista, Javier Corral. Pero las acusaciones hay que probarlas y de momento no lo han hecho”.

En México es habitual que las disputas por corrupción política se lidien más en el terreno de los medios que en los tribunales. Este caso, está aún a las puertas. Hace tres años, la PGR aceptó la denuncia de un abogado chihuahuense por peculado, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. En 2012, el gobernador y su esposa crearon un fondo en Banorte por 65 millones de pesos que tenía por objeto inyectar capital en una pequeña cooperativa de ahorradores –Unión de Crédito Progresa- y convertirla en un banco, del que los Duarte figurarían como principales accionistas. Semanas antes de crear el fondo, entraba en el Gobierno como Secretario de Hacienda Jaime Ramón Herrera, fundador y director de la entidad. Durante años, Herrera fue derivando a las arcas del banco hasta 80.000 millones de pesos de dinero público, lo que sirvió para que la Comisión Bancaria diese el visto bueno para su conversión en banco. Contar con un volumen considerable de operaciones es uno de los requisitos para la metamorfosis bancaria.

La defensa del exgobernador es precisamente que la operación contó con el visto bueno del regulador, y que los 80.000 millones de pesos acabaron en Progresa porque era la entidad que mejor pagaba los depósitos.

Duarte se ha presentado voluntariamente a declarar ante la PGR y a la investigación aún le queda recorrido. Mientras tanto, el exgobernador se afana en cada intervención pública en remarcar que él no es como el otro Duarte, que no se va a fugar ni va a ir a la cárcel: “Estoy con los pies en el piso y la frente en alto”.