Por cada alcalde ultimado entre los sexenios de Vicente Fox y lo que va del Gobierno de Claudia Sheinbaum fueron abatidos más de cinco defensores de los derechos humanos, del medio ambiente y de la tierra, así como periodistas comunitarios y de medios de comunicación. De los casos políticos (94) y los relacionados con el activismo social y la prensa (525), las cifras más bajas corresponden a la Administración de Fox. El mayor número de presidentes municipales ejecutados se registró en las gestiones de Peña Nieto (39) y Felipe Calderón (24), de acuerdo con Etellekt, especializada en análisis de riesgos, manejo de crisis y políticas públicas (Ciudadanos Observando, 03.11.25).

Los periodos con más activistas y periodistas asesinados fueron 2016-2017 y 2021-2022, en los gobiernos de Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La información, obtenida de Wikipedia, cita fuentes como Amnistía Internacional, Global Witness, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos. Respecto a la violencia contra alcaldes, Etellekt advierte “la urgencia de reformas en materia de seguridad para proteger a los líderes municipales, quienes a menudo son los más expuestos al crimen organizado”.

Apunta, además, que el aumento de casos en el sexenio actual (10), incluido el de Carlos Manzo, Alcalde independiente de Uruapan, “exige acciones inmediatas del Gobierno federal para evitar que la violencia política se normalice. Sin medidas concretas, México podría enfrentar un ciclo interminable de inestabilidad en sus gobiernos locales, afectando directamente a la democracia y al bienestar ciudadano”.

La violencia política precede a la alternancia en el poder. El PRD denunció que entre la elección de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, y el primer año del Gobierno de Felipe Calderón, casi 700 de sus militantes fueron asesinados y 900, perseguidos, desaparecidos o puestos entre rejas. El exlíder perredista en el Distrito Federal, Ricardo Ruiz, dijo que en la Administración calderonista las agresiones podrían ser “similares a las ocurridas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, porque las circunstancias son muy parecidas, en tanto que sus gobiernos fueron producto de fraudes electorales en contra de candidatos de izquierda [Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador]” (La Jornada, 02.11.07).

Los atentados contra líderes y activistas del PRD no fueron investigados. El aparato oficial y la propaganda sepultó los expedientes. El partido fundado por Cárdenas fue objeto de acoso político y mediático permanente. La falta de castigo echó leña al fuego de la violencia política y la polarización. La crisis la agravó la influencia, cada vez mayor y más extendida, de la delincuencia organizada, no sólo en la financiación de campañas, sino también en los gobiernos y en las policías locales. En Coahuila, la connivencia entre autoridades y carteles causó las masacres en Allende y Piedras Negras, también impunes.

Neutralizar un fenómeno tan arraigado llevará tiempo. Requiere máxima atención y compromiso de la Federación y de las autoridades estatales y municipales. AMLO diseñó una estrategia social para frenar el avance del narcotráfico, pero el avance fue mínimo, debido a fallas en la operación, a las resistencia de los grupos de presión y porque en la primera parte del sexenio el PRI, PAN y PRD controlaban la mayoría de los estados. La presidenta Sheinbaum da continuidad al plan de seguridad de la 4T. El horizonte para pacificar el país parece propicio, no obstante el ruido mediático y la alharaca de las oposiciones.