Quito.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este martes al gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa localizar a 26 desaparecidos y a seis mujeres hostigadas por militares.

En una resolución dada a conocer este martes, la CIDH otorgó medidas cautelares “en beneficio de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras” en el marco de un estado de excepción en Ecuador, tras considerar que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable.

Estas 26 personas habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas en distintos operativos en 2024, sin que hasta la fecha se tenga información oficial sobre su paradero, pese a decisiones judiciales y denuncias, en el contexto del Conflicto Armado Interno decretado por Daniel Noboa el 9 de enero del año pasado.

Las mujeres beneficiarias de estas medidas cautelares son familiares de los desaparecidos (madres, hermanas o hijas), quienes han sido víctimas de amenazas y actos de intimidación por su labor de búsqueda, presuntamente por policías y militares, según organismos de derechos humanos.

Las autoridades del gobierno de Noboa han señalado que realizan investigaciones y que aplican mecanismos para mitigar el riesgo.

Todos los casos están a cargo de la Fiscalía General por el delito de desaparición forzada. De acuerdo con la CIDH, el gobierno indicó que no se ha identificado un riesgo verificable para las familias, aunque se comprometió a reevaluar el riesgo.

La CIDH subraya que la situación de las personas desaparecidas no ha sido esclarecida y que se desconoce su paradero o destino. Respecto a las familiares, documenta amenazas e intimidaciones continuas, incluyendo hechos recientes en noviembre de 2025.

Por ello, la Comisión considera que los familiares están en una “situación de gravedad y urgencia” y solicita al Estado ecuatoriano redoblar esfuerzos para localizar a las 26 personas desaparecidas, mediante un plan de búsqueda con resultados medibles, participación familiar y enfoque de edad, conforme a estándares internacionales.

Además, pide que el Estado entregue de inmediato toda la información disponible que permita conocer el destino de los desaparecidos, incluyendo la requerida por decisiones judiciales internas y acciones urgentes de la ONU.

Finalmente, solicita al gobierno que brinde atención a la salud física y mental de las seis familiares y que informe sobre las acciones de investigación para evitar la repetición de estos hechos.