Brasilia.- Cientos de mujeres indígenas protestaron este jueves en Brasilia por cuarto año consecutivo contra la violencia de género en sus territorios y a favor de un mejor acceso a los servicios de salud reproductiva.

La cacica Juma Xipaia, que también ejerce como secretaria nacional de Articulación y Promoción de Derechos Indígenas en el Gobierno brasileño, afirmó a EFE que los feminicidios han aumentado de forma absurda.

“ La violencia contra las mujeres ha empeorado en los territorios indígenas de todo Brasil, no solo en los que están invadidos por la minería ilegal, declaró Xipaia, natural del estado de Pará, en la región amazónica.

Por otra parte, y pese a que el Gobierno homologó tres nuevas reservas de pueblos originarios el miércoles, las manifestantes reclamaron que se avance más rápido en la demarcación de las tierras para mejorar la seguridad.

“ La demarcación es una garantía de nuestra vida, nuestra existencia y nuestra seguridad», destacó Xipaia, antes de apuntar a los beneficios que esto conlleva para la preservación de la naturaleza, ya que las tierras indígenas suelen registrar menores índices de deforestación que el resto.

Propuestas al Gobierno

La marcha también estuvo marcada por las críticas a un proyecto de ley que debilita las exigencias para permisos medioambientales de obras y que, según los pueblos indígenas y los ambientalistas, supone un grave retroceso para los esfuerzos de combate a la deforestación y al cambio climático.

Aprobado el mes pasado en el Congreso con el apoyo del sector agrícola, las manifestantes pidieron al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vete el proyecto de ley.

En los días previos a la marcha, 5.000 mujeres indígenas de más de un centenar de etnias se reunieron en una conferencia nacional que terminó con la publicación de un documento con una serie de propuestas dirigidas al Gobierno.

Entre las medidas figuran una mayor participación femenina en la gestión de fondos y en los espacios de decisión y una red de centros de asistencia a mujeres indígenas, incluidos refugios para víctimas de violencia de género.

Además, en el documento se pide combatir la violencia obstétrica y valorar las prácticas tradicionales de parto, con el reconocimiento oficial de parteras y de otras especialistas indígenas como profesionales de salud.