Nueva Rosita, Coah.- Alcaldes de la región carbonífera de Coahuila advirtieron que empresas mineras han comenzado a cerrar centros de trabajo por temor al retiro de concesiones, al no contar con las medidas de seguridad que exige la autoridad laboral.

Durante la reunión de evaluación de avances sobre los acuerdos de la Cumbre del Carbón, encaminada a resolver los problemas laborales y de seguridad entre los mineros de la región, indicaron que se estima que se han perdido más de mil empleos.

Jesús María Montemayor Garza, alcalde de Sabinas, informó que sólo en ese municipio pudieron haber cerrado al menos 15 empresas que dejaron sin empleo a más de 500 trabajadores.

En la reunión a la que asistieron representantes del gobierno federal a través de las secretarías de Economía, del Trabajo, de Energía, del IMSS, y representantes del gobierno del estado encabezados por el secretario general de Gobierno, David Aguillón González, se analizaron los avances de los acuerdos establecidos el 9 de mayo.

Rafael Avante, director general de Inspección Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que durante los próximos 90 días habrán de visitarse 100 empresas mineras, para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y salud, a fin de evitar accidentes de trabajo.

En ese sentido, informó que hasta hoy se han realizado 19 visitas en 12 centros de trabajo, en donde se encontraron más de 500 violaciones a las normas de seguridad, en 10 de los centros había violación grave a las medidas de seguridad y en siete de ellas se decretó la suspensión provisional de obras y trabajos.

Para realizar este proceso de visitas de verificación de medidas de seguridad, la Secretaría de Economía recibió el apoyo del Servicio Geológico Mexicano, que proporcionó una imagen de satélite en donde se observa que en la región carbonífera se encontraron 563 pozos carboníferos.

En la reunión de funcionarios federales y del gobierno de Coahuila, el subdirector de Energéticos de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco de la Parra, informó que la CFE consume 60 por ciento de la producción de carbón de esta región de Coahuila y la Promotora de Desarrollo Minero (Prodemi) solamente comercializa 20 por ciento.

En ese sentido, señaló que si bien Prodemi se encarga de vender a CFE el carbón de esta región y es el organismo que se encargará de no intermediar la producción que provenga de empresas debidamente certificadas, la paraestatal requiere de más mineral.

Por ello, las productoras de carbón podrán vender a CFE siempre y cuando estén certificadas por las Unidades de Verificación que comenzarán a funcionar a partir de julio, cuando podrán certificar las medidas de seguridad que tiene cada empresa.

Luis Eduardo Camero Godínez, director de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, sostuvo que desde 2006 se logró la reforma constitucional y cambios a la Ley Federal de Minas, con el fin de que se utilizara el gas grisú, que va asociado a la extracción de carbón mineral en el subsuelo y que es muy explosivo.

Señaló que muchos de los empresarios comenzaron a ampararse en contra de la recuperación de gas grisú, pues consideraron que podría tratarse en algunos casos de gas natural y eso sería una violación a la Constitución.

Para subsanar esa inquietud, dijo, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) generó un prototipo que permite detectar cuando existe un gas con alto contenido de metano, lo que permitirá determinar con toda precisión si es grisú o no.

Consideró que si se subsana esa inquietud de los empresarios estarán interesados en capturar esos gases y en consecuencia habrá de eliminarse el riesgo de explosiones en las minas y pozos.

El titular de la STPS, Lozano Alarcón, sostuvo que el año pasado se implementó un Programa de Autogestión Seguridad y Salud en el Trabajo, y en su conjunto las empresas que lo adoptaron lograron reducción de sus accidentes de trabajo en niveles de 70 por ciento.

Se informó que en Coahuila son 35 empresas las que han adoptado ese programa, sin embargo ninguna de ellas minera, por lo que se hace necesaria la incorporación de éstas al programa.