Monterrey, NL.- El cierre temporal del Parque Fundidora no fue por motivos económicos, sino para proteger la salud de quienes acuden a sus instalaciones y áreas verdes, aseguró Artemio Garza Rodríguez, presidente ejecutivo del fideicomiso que administra dicho espacio recreativo.

Por lo anterior, expuso que en cuanto las autoridades de salud indiquen que ha pasado lo más difícil en cuanto a defunciones y contagios por coronavirus, están en condiciones de abrir las instalaciones del parque, guardando las medidas necesarias.

Sin embargo, Garza Rodríguez y el director general del parque, Fernando Villarreal Palomo, admitieron que será necesario hacer ajustes al presupuesto de este año y rediseñar el de 2021, porque será difícil que en lo que resta de 2020 y quizá durante todo el primer semestre del año próximo, se puedan realizar actos masivos, que constituyen una de las principales fuentes de ingresos del ente público.

Sin embargo, Garza Rodríguez, descartó que se requiera despedir personal, o reducir salarios, pues sobre esto último, señaló que él no percibe ingresos porque su puesto es honorífico. Comentó que, al cerrar el parque por la pandemia, se otorgaron esos días a cuenta de vacaciones, y una vez que se rebasaron días de vacaciones, se llegó al acuerdo de que los trabajadores irán sólo tres días a la semana, y se les pagará el cien por ciento de su sueldo, pero sólo por los días laborados.

El sueldo neto del director del parque Fernando Villarreal Palomo es de 105 mil pesos mensuales, es decir tres mil 520 pesos diarios, mientras el promedio de los 305 empleados del parque es de 17 mil pesos por mes o 573 pesos diarios, que representan una nómina mensual de cinco millones 245 mil pesos o 62.9 millones de pesos al año.

Entre gritos de protesta de ciudadanos, ambientalistas y ex trabajadores mineros, que exigieron la reapertura del parque y una auditoría financiera ante la sospecha de malos manejos en el ente público, comparecieron ante integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Artemio Garza Rodríguez, presidente del fideicomiso del Parque Fundidora y Fernando Villarreal Palomo, director general del parque.

Los funcionarios fueron citados para que explicaran una serie de situaciones que se presentaron los últimos días, relacionadas con cierre temporal del parque, bajo el argumento de que ya no había recursos para pagar la nómina de 305 empleados y directivos, debido a que por la contingencia sanitaria y la suspensión de eventos masivos, se desplomaron los ingresos en un 74 por ciento, aunado a que, al no estar abiertos los establecimientos comerciales de concesionarios de espacios públicos, no se les puede cobrar la correspondiente contraprestación, porque así lo estipulan los contratos.

Por lo anterior, y ante la falta de respuesta del gobernador Jaime Rodríguez, en apoyar con recursos para los gastos operativos del parque, los administradores pidieron a la población a través de las redes sociales, que hiciera aportaciones voluntarias para el sostenimiento del espacio público.

Sin embargo, hoy ante los diputados, Artemio Garza aseguró que el parque no está quebrado, pues no tiene un problema de operación, sino de flujo, y volverá a operar en cuanto las autoridades de salud indiquen que ha pasado lo crítico del riesgo de contagios de Covid-19.

Aseguró que el fideicomiso no tiene pasivos y al 30 de junio no tiene ningún compromiso u obligación que no se haya cubierto, tampoco algún litigio o reclamo, salvo uno que viene desde el origen del parque, por una de las concesiones que no se llevó a cabo.

Para “ilustrar” sobre la situación que atraviesa el parque, hizo una analogía con un automóvil: “No está descompuesto, sólo le falta gasolina”. No obstante, dijo que derivado de la contingencia, sí hubo una afectación económica.

Al respecto, Villarreal Palomo detalló que esperan terminar el año con un acumulado de 23 millones de pesos en ingresos por pagos de los concesionarios como Cintermex (Caintra), Plaza Sésamo, la Arena Monterrey, contra 60.8 millones de 2019, lo que representará un decremento de 62 por ciento. Por estacionamientos esperan ingresos por 18.6 millones contra 46.5 millones que tuvieron en 2019, es decir, habría una caída de 60 por ciento.

Al momento de la comparecencia, grupos de ambientalistas, ciudadanos y ex mineros, realizaron una protesta para exigir que se reabra el parque y se auditen los manejos financieros.

En el mismo sentido, abogados del colectivo Regeneración Ciudadana, encabezados por su presidente Luis Gerardo Vázquez Payán, promovieron un amparo a fin de que se reabra el parque para el disfrute de los nuevoleoneses, y pidieron al Congreso que exhorte o instruya para la realización de una auditoría.

A su vez el ambientalista Guillermo Martínez Berlanga, en representación de unos 200 ciudadanos presentó ante la Legislatura una iniciativa sobre Grandes Parques y Bosques Urbanos, a fin de que espacios como el parque Fundidora, La Huasteca, La Pastora, Río La Silla, Loma Larga y Gran Plaza, no sean concesionados para fines comerciales, además de obligar a las empresas contaminantes a que planten una cuota de árboles para compensar el daño que causan.