México.- Los siniestros ocurridos en seis años en la región carbonífera de Coahuila cobraron la vida de 90 personas, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un comunicado, el organismo nacional destacó que realizó el informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera de Coahuila debido a que “los trabajos de explotación del carbón distan de ser los idóneos”.

El informe indica que en 2006 se presentaron cuatro quejas por siniestros, en 2009 dos, en 2010 cuatro, y en 2011 se han registrado siete; del total 10 se relacionan con accidentes en los que 90 personas murieron.

La investigación, dijo la CNDH, se basó en la recopilación de datos contenidos en los expedientes de queja, en informes de organizaciones de la sociedad civil, en la legislación, en estadísticas y en entrevistas que el personal del organismo realizó en las visitas de trabajo.

En este caso, se estableció que la evidencia obtenida indica que la explotación de las minas no se lleva a cabo dignamente ni conforme a lo establecido en la ley y en instrumentos internacionales.

Asimismo en diversas ocasiones los patrones no dan cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene que son indispensables, además de que las acciones emprendidas por el Estado mexicano son insuficientes para garantizar la integridad de los mineros.

Por ello, la CNDH propuso impulsar modificaciones legislativas para que se tipifiquen delitos laborales por incumplimiento cuando se ponga en riesgo la seguridad, se emplee a menores de edad o a mujeres en gestación o lactancia.

Con estos antecedentes, la CNDH emitió las recomendaciones 26/2006, 85/2010 y 12/2011 dirigidas a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y a la de Economía, en las que se acreditaron violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad física y a la vida.

El informe también refiere la compleja situación de la región carbonífera de Coahuila, con un desarrollo en condiciones no óptimas de educación, falta de oportunidades de empleo, que orillan a los trabajadores a laborar sin capacitación y sin el equipo de protección necesario.

Por último, refirió que laborar en condiciones óptimas es un derecho que tienen todos los trabajadores, por lo que el Estado debe velar por su efectiva garantía.