Saltillo, Coah.- El IDAIM y Fundar miden las leyes de transparencia y acceso a la información de México, en relación con las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia.

Analiza tres variables principales: diseño normativo, diseño institucional y procedimiento de acceso a la información pública y obligaciones de transparencia.

Cada variable se compone de 7, 5 y 9 indicadores respectivamente, los cuales se alimentan de 196 criterios. Estos representan los elementos que debe contener una ley de transparencia para garantizar y proteger adecuadamente el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información.

Solamente el Distrito Federal tiene una calificación que supera los 80 puntos, con 81.111. La mayor parte de los estados tienen calificación de 50 a 70 puntos.

El año pasado, Coahuila se encontraba entre los primeros cuatro lugares, clasificación que encabezaba el Distrito Federal, sin embargo, con la nueva ley de transparencia, propuesta por el gobernador Rubén Moreira Valdez, el IDAIM y Fundar calificaron al ordenamiento del estado como el mejor de todo el país, al avanzar en su calificación de 6.8 a 9.3 en el transcurso del año.

Entre los criterios evaluados están la garantía de la rendición de cuentas, el acceso a la información como un derecho humano, la transparencia en el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, la difusión a través de internet de padrones de beneficiarios y la aplicación de sanciones por incumplir con las obligaciones de transparencia.

Dentro de las Disposiciones Normativas se abordó la delimitación de los sujetos obligados y sus deberes de transparencia; las disposiciones para el régimen de excepción de la información y el establecimiento de sanciones ante violaciones al derecho e incumplimiento de la ley constituyen los elementos que determinan su alcance.

En el Diseño Institucional atendieron las disposiciones en ley que fundamentan la construcción del engranaje gubernamental que debe proteger, respetar, promover y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Son tres figuras las que se contemplan como básicas: el órgano garante, su autonomía y alcance de funciones; las oficinas de información y los órganos internos de revisión.