Ciudad de México.- El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, que cobija a los defensores y defensoras de población en movilidad humana forzada en México, solo ha beneficiado al 10.6 por ciento de la población objeto, es decir 1 de cada 10, según una investigación de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en el marco del proyecto regional Derecho a defender los derechos humanos en América Latina y el Caribe.

El informe refiere que en México, este grupo de personas son blanco de amenazas. extorsiones y agresiones físicas por parte de grupos criminales y autoridades. En 2024, por ejemplo, indicó que se registraron 649 casos de violencia contra ellos, con un aumento significativo en los primeros meses del año.

Asimismo, el documento revela que la Guardia Nacional acumuló mil 772 quejas por violaciones a derechos humanos en cinco años, incluyendo tortura, detenciones arbitrar y desapariciones forzadas.

En un comunicado de CODHES, organización de la sociedad civil sin fines de lucro,  con carácter consultivo ante la ONU y la OEA, señala que la investigación contó con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia.

Expone que en general, los defensores y las defensoras de derechos de las personas en movilidad humana forzada en México ejercen su labor en contextos de falta de apoyo y recursos, estigmatización y discriminación, lo cual exige acciones urgentes.

Por ello el director de la ONG, Marco Romero Silva explicó que es urgente que los Estados y la cooperación internacional reconozcan la importancia del rol de los defensores en la mitigación de las crisis migratorias y de refugio en el continente, las cuales sin su ayuda se agravarían aún más.

El informe también apunta que México carece de una política migratoria clara para 2025, y su respuesta se ha centrado en la militarización, con la Guardia Nacional y el INM (Instituto Nacional de Migración) como actores principales, denunciados por abusos y colusión con el crimen organizado.

Por otro lado, el programa “Quédate en México” y las deportaciones masivas bajo presión de Estados Unidos, con más de 824 mil 18 deportaciones de mexicanos durante el gobierno de Biden, han agravado la crisis. Quizá el dato que más alarma es que, en 2024, se registraron 73 desapariciones de defensores y defensoras de personas en movilidad humana forzada, sumándose a los 393 casos no resueltos desde 1952.