Torreón.- Diversas organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y colectivos dedicados a la protección de las infancias emitieron un posicionamiento público dirigido al Poder Judicial del Estado de Coahuila, en el que demandan que las resoluciones judiciales se apeguen estrictamente a la ley, se mantenga la perspectiva de género en la impartición de justicia y se garantice el acceso efectivo a la justicia para los sectores más vulnerables.

Las organizaciones firmantes señalaron que la legislación especializada en favor de las mujeres no constituye un privilegio, sino una herramienta jurídica construida a partir de décadas de lucha social para enfrentar la violencia y desigualdad estructural que históricamente han afectado a este sector de la población.

Las colectivas recordaron que tanto la legislación nacional como los tratados internacionales suscritos por México obligan a las autoridades a juzgar con perspectiva de género, con el objetivo de equilibrar condiciones de desigualdad persistentes y garantizar el acceso a una justicia efectiva para las mujeres.

Asimismo, hicieron un llamado a preservar la independencia judicial y rechazaron cualquier intento de influir en las decisiones de jueces y magistrados mediante presiones políticas, mediáticas o compromisos ajenos a los procesos legales.

“Los tribunales no son espacios de negociación política; son órganos de legalidad”, señalaron las organizaciones, al tiempo que exigieron que cada resolución se emita con estricto apego al debido proceso y sin interferencias externas.

En el pronunciamiento también manifestaron preocupación por el uso de la Defensoría Pública para representar a personas con capacidad económica suficiente, argumentando que esta práctica podría afectar el acceso a la justicia de quienes realmente requieren asistencia legal gratuita, especialmente mujeres e infancias en situación de vulnerabilidad.

Las organizaciones sostuvieron que garantizar el acceso a la justicia de los grupos vulnerables es una obligación constitucional y advirtieron que cualquier distorsión en el uso de los recursos públicos destinados a la defensa legal podría profundizar las brechas de desigualdad.

De igual forma, enfatizaron que las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia y el trabajo de las fiscalías especializadas no deben estar sujetas a debate político ni a retrocesos institucionales, ya que forman parte de obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por el Estado mexicano.

Finalmente, las colectivas informaron que permanecerán atentas al desarrollo de los procesos judiciales relacionados con estos temas y advirtieron que, de ser necesario, ejercerán labores de vigilancia ciudadana para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos.

El posicionamiento fue respaldado por diversas agrupaciones de la región, entre ellas Acompañantes Laguna, Ddeser Coahuila, Activistas Feministas de La Laguna, Justicieras por Nuestras Infancias, Red de Mujeres de La Laguna, Uni Violetas, Ola Feminista Laguna, Brujas de la Calle, Revolucionarias de La Laguna, Asesoría Jurídica Pro Mujer + Infancia, Tribu Noas, Colectiva Feminista Matamoros y Flores Rebeldes del Desierto.