Ciudad de México.- En la persistencia del fenómeno de las desapariciones en México, el gobierno del país debe aceptar la cooperación y asistencia que le ofrecen diversos organismos internacionales, pues “la soberanía no está amenazada por el escrutinio internacional”, afirmaron expertos, funcionarios y organizaciones de familiares de personas ausentes.

Durante un conversatorio realizado este sábado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas –que se conmemora este 30 de agosto–, los asistentes llamaron a crear una comisión que compile los hallazgos que han hecho sobre el tema diversas instancias oficiales, y las conjunte con la experiencia de las familias.

De esta manera, se pueden crear políticas públicas verdaderamente integrales en materia de prevención de las desapariciones, búsqueda de las víctimas e identificación de cuerpos, y de esta forma garantizar verdad y justicia.

Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, recalcó que las autoridades mexicanas no deben ver en la observación y cooperación internacional una amenaza a la soberanía del país, aunque admitió que hay una “preocupación legítima y con fundamento” por defender la autodeterminación de México, en particular ante Estados Unidos.

Por su parte, Adela Alvarado, madre de la joven Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desaparecida en 2004, hizo ver que ya existen diversos informes sobre las causas de este flagelo y las maneras de comenzar a erradicarlo, por lo que en este momento hace falta combinar esos estudios con las experiencias y necesidades de las familias de las víctimas, “para convertirlos en acciones y resultados”.

En el conversatorio también participó Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien reconoció que México “cuenta hoy con un importante andamiaje legal” en términos de búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, alertó que sigue habiendo rezago en la puesta en marcha de esas normas, por lo que llamó a reforzar la aplicación del marco legal, siempre de la mano con las necesidades y exigencias de las familias de las víctimas.