Ciudad de México.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 29 votos a favor y en 11 contra, la iniciativa de reforma constitucional –impulsada por el Ejecutivo Federal– que propone posponer la elección de jueces y magistrados para junio del 2028, además permite que la revocación de mandato podrá coincidir con las jornadas electorales federales o locales.

Durante la discusión, legisladores de oposición calificaron el nuevo dictamen como una “corrección” de la reforma judicial fallida del 2024, mientras que, Morena y sus aliados defendieron los cambios como un “perfeccionamiento” del modelo de elección popular de jueces y magistrados.

Arremeten contra reforma judicial

Al hacer uso de la voz, la legisladora del PAN, Cristina Márquez anunció la presentación de un voto particular contra el dictamen y calificó la propuesta como “la apreciación y el reconocimiento del fracaso que ha sido la reforma judicial del 2024”.

Enumeró las fallas reconocidas en el propio documento legislativo: “saturación operativa, incremento exponencial de casillas, difusión ciudadana, politización de candidaturas judiciales, voto desinformado, presión presupuestal, acordeones y complejidad logística sin precedentes”. Cuestionó la permanencia de mecanismos de insaculación para elegir perfiles judiciales.

“ La insaculación es totalmente incompatible con el mérito judicial”, afirmó.

En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, sostuvo que el nuevo proyecto confirma que la reforma previa “era una reforma defectuosa, era una reforma inviable, un golpe al Estado de derecho, a la división de poderes y al compromiso democrático”.

Advirtió que los problemas actuales ya habían sido señalados desde la aprobación original de la reforma. Criticó que las candidaturas judiciales sigan dependiendo de órganos políticos y denunció que la insaculación permitió la aparición de “candidaturas vinculadas al crimen organizado”.

“Les dijimos que someter al voto popular los cargos del Poder Judicial destruiría la independencia que debe caracterizar a quienes imparten justicia”, afirmó.

Aseguró que la pérdida de confianza internacional en México está relacionada con los cambios al sistema judicial.Por parte su parte, el diputado del PRI, Alejandro Domínguez consideró que la iniciativa representa “el reconocimiento expreso de que la reforma judicial que aprobó la mayoría no funciona en este país”.

Reprochó que la nueva propuesta mantenga riesgos de politización y no corrija aspectos centrales del diseño constitucional.
“No atacan los acordeones, no atacan la intervención de los partidos políticos, no atacan la intervención del crimen organizado en las candidaturas”, señaló.

Asimismo, acusó contradicciones entre los artículos 94 y 97 constitucionales respecto a la designación de la presidencia de la Suprema Corte y cuestionó que se mantenga la posibilidad de empatar elecciones judiciales con ejercicios de revocación de mandato. En respuesta a las críticas opositoras, la diputada de Morena, Julieta Vences defendió la reforma y aseguró que el modelo de elección judicial responde a la voluntad popular.

Vences explicó que el aplazamiento de ciertos procesos electorales judiciales hacia 2028 busca permitir “una organización técnica y operativa mucho más eficaz”.  Además, afirmó que la reducción de candidaturas facilitará que la ciudadanía pueda votar con mayor claridad.

También defendió la posibilidad de hacer concurrentes algunos procesos judiciales y de revocación de mandato con el objetivo de “ahorrar recursos”. De igual forma, la diputada de Morena y exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero anunció que presentará varias reservas entre las que destaca que las futuras elecciones judiciales no coincidan con los procesos intermedios.
Añadió que buscará corregir “la antinomia que también existe en la Constitución” y revisar “la renovación escalonada de los órganos de administración y del Tribunal de Disciplina”.

En tanto, la diputada del PT, Irma Yordana Garay, afirmó que el nuevo modelo busca acercar la justicia a la ciudadanía.
Celebró que el 1 de junio de 2025, “cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos” participaron en la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular.

Manifestó que la nueva iniciativa “perfecciona los mecanismos de selección, evaluación y desempeño de quienes harán realidad la justicia”. En el mismo sentido, la diputada del Verde, Ana Quintana, sostuvo que la reforma incorpora “mecanismos orientados a ampliar la participación ciudadana, transparentar procesos de selección y fortalecer la legitimidad democrática”.

Puntualizó que la primera elección judicial evidenció “retos técnicos, operativos e informativos” y argumentó que las nuevas modificaciones buscan dar “certeza, imparcialidad y plena confianza pública”. El presidente de esta Comisión, Leonel Godoy, informó que el dictamen será remitido a la presidencia de la Mesa Directiva, a cargo de Kenia López Rabadán, para su discusión en lo general más tarde.

Información por El Heraldo de México