Entre otros aspectos, la iniciativa prevé la persecución de oficio a dichos actos ilícitos y penas de hasta 25 años de prisión para los responsables, tipificando diversas modalidades como las llamadas anónimas y el “cobro de piso”, así como “montadeudas”, “montachoques” y extorsión bancaria en línea.

Para la vicecoordinadora de Morena en el Palacio de San Lázaro, Dolores Padierna, la nueva ley representa un paso decisivo en materia de seguridad y justicia.

Sostuvo que, por primera vez, México contará con una Ley General contra la Extorsión con un marco legal moderno y unificado para proteger a las víctimas, sancionar con firmeza a los criminales y reconstruir la tranquilidad de las comunidades.

Padierna advirtió que la extorsión es un delito que hiere al país entero, pues no distingue clase, oficio ni región, y afecta por igual a comerciantes, agricultores, transportistas, empresarios y familias desde Chiapas hasta Baja California.

Detalló que, según cifras de la Coparmex, tan solo en 2023 se estimaron 4.9 millones de actos de extorsión, con una tasa de 5 mil 213 casos por cada 100 mil habitantes y pérdidas económicas superiores a los 25 mil 964 millones de pesos.

“ Detrás de cada cifra hay miedo, violencia y despojo: el 85.6 por ciento de los casos ocurre por vía telefónica y la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados, alcanza el 97 por ciento, un reflejo del terror que sienten las víctimas ante la impunidad”, puntualizó.

La legisladora señaló que la nueva Ley General contra la Extorsión propone un solo tipo penal a nivel nacional con una definición clara de las agravantes y sanciones, además del reconocimiento del delito como de alto impacto y prisión preventiva oficiosa, en concordancia con el artículo 19 constitucional.

Asimismo, tipifica y sanciona con precisión todas las formas modernas de extorsión, cerrando los espacios de impunidad que hoy aprovechan los grupos criminales.

No obstante, dijo, “el centro de esta reforma no está en el castigo, sino en la protección de las víctimas. Se establecerán protocolos de atención integral, mecanismos de prevención y denuncia segura, y una coordinación institucional entre Federación, estados y municipios basada en el federalismo cooperativo”.

Padierna sostuvo que la meta es clara: reducir la cifra negra, prevenir la extorsión telefónica y restablecer la seguridad para el comercio, el empleo y la convivencia social.