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Condena SIP suspensión de garantías en Honduras

  Por Notimex

Publicado el martes, 29 de septiembre del 2009 a las 02:45


Condenó hoy un decreto del gobierno de Honduras que suspende libertades públicas.

Miami, EU.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy un decreto del gobierno de Honduras que suspende libertades públicas como los derechos de asociación, reunión y expresión.

La institución consideró como una “medida absurda” que las autoridades puedan disponer la censura y cierre de aquellos medios de comunicación que pudieran estar “perturbando la tranquilidad nacional, llamando a la insurrección popular y dañando psicológicamente a sus auditorios”.

Un decreto emitido el 22 de septiembre y publicado en La Gaceta oficial el sábado pasado, con vigencia para 45 días, fue aplicado esta mañana en Honduras para cerrar el Canal 36 y Radio Globo, dos medios identificados con el depuesto presidente Manuel Zelaya.

El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, dijo que “más allá de las políticas editoriales que puedan tener los medios hondureños, absolutamente todos deben tener la libertad de informar como lo manda el Artículo 72 de la Constitución, sin censura previa”.

Agregó, que el decreto es una “medida absurda” que le da una licencia especial al gobierno para determinar qué se puede o no informar, cómo quiere que se haga y, “peor aún, limita la capacidad de todo hondureño de informarse con total libertad”.

Santos Calderón advirtió que “este decreto permite la censura discrecional y con conveniencia política”, contrastando con todo principio institucional sobre libertad de expresión.

Añadió que “aceptar un decreto de esta naturaleza es aceptar la censura y el cierre oficial contra cualquier medio de comunicación que se permita disentir con el gobierno o alguna de sus autoridades”.

Por su parte Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, pidió que “se restablezca la señal de los medios afectados, y que el estado de excepción no legitime la censura para que el derecho del público a saber sea violado”.

El gobierno de facto de Roberto Micheletti, en el poder tras el golpe de Estado del 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya, suspendió las garantías constitucionales, entre ellas la libertad de expresión, la de asociación, de reunión y de circulación.

Zelaya permanece en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 de septiembre.

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