Torreón, Coahuila .– Tras un proceso judicial que se extendió por cinco años, el Poder Judicial del Estado dictó una sentencia condenatoria de 75 años de prisión contra Christian “N”, señalado como el principal responsable de la desaparición de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, ocurrida en junio de 2021 en esta ciudad.

El fallo judicial

La resolución fue emitida bajo la causa penal 949/2022 del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral. El tribunal determinó la culpabilidad del acusado por el delito de desaparición cometida por particulares, agravado por la condición de género de la víctima y la existencia de una relación de confianza.

Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir el pago de 409 días de multa, así como los costos correspondientes a la reparación del daño material y moral. La sentencia es el resultado de un juicio oral que se llevó a cabo durante tres jornadas intensivas, concluyendo este jueves 11 de junio.

La voz de una madre en busca de verdad

Durante la audiencia final, familiares de Jovanna Dibanhi y miembros del colectivo “Voz que clama justicia por personas desaparecidas” se manifestaron en el exterior del Centro de Justicia Penal de Torreón. María Guadalupe Pérez Ayala, madre de la joven, expresó que, si bien la sentencia representa un paso en la ruta de la justicia, el objetivo primordial sigue siendo conocer el paradero de su hija.

” “Pase lo que pase, queremos que sigan siendo la voz de mi hija. Mi esperanza es que regrese”, declaró Pérez Ayala, quien denunció que el proceso se prolongó durante cuatro años debido a los múltiples recursos de amparo interpuestos por la defensa del acusado.

La madre de la joven enfatizó que, a pesar de la condena, su lucha no concluirá hasta lograr la localización de Dibanhi:

” “Nosotros somos su voz desde el día uno. La búsqueda no va a terminar hasta encontrarla”.

Este caso se ha convertido en un referente de la exigencia ciudadana por la agilización de los procesos judiciales en Coahuila, donde los colectivos de búsqueda continúan presionando para que las sentencias incluyan mecanismos que obliguen a los sentenciados a aportar información sobre el paradero de las víctimas.