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| El aspirante dijo que ya envió un escrito a la Cámara para aclarar que se trata de una confusión. Crédito: Especial

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Confunden a aspirante a Magistrado con prófugo de FGR

  Por Agencia Reforma

Publicado el miércoles, 7 de mayo del 2025 a las 18:00


El Congreso confundió a un aspirante a Magistrado federal con un agente del Ministerio Público de FGR, quien está prófugo de la justicia

Ciudad de México.- El Congreso de la Unión confundió a un magistrado federal con un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), prófugo de la justicia por proteger cargamentos de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El pasado fin de semana, el Senado y la Cámara de Diputados pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar la candidatura de Arturo César Morales Ramírez, quien aspira a repetir como magistrado federal, porque aseguraron que contaba con una orden de aprehensión por esos hechos.

El impartidor de justicia, sin embargo, informó que se trata de un homónimo y que ya ha enviado escritos a la Presidencia de la República, a las dos cámaras legislativas y al INE para aclarar que se trata de una grave confusión.

El sujeto con el que lo confundieron tiene orden de aprehensión desde hace 18 años, derivado de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/050/2007.

“Es imperativo establecer de manera contundente que el magistrado Arturo César Morales Ramírez no guarda ninguna relación con dicha investigación federal ni con los hechos contenidos en ella. Cualquier intento de vincularlo con actos ilícitos o con organizaciones criminales es completamente infundado, y obedece única y exclusivamente a una coincidencia de nombre, sin que exista ningún sustento legal, documental o fáctico que lo relacione directa o indirectamente con conductas ilegales”, indicó en un comunicado.

“El Magistrado Morales Ramírez rechaza enérgica y categóricamente los señalamientos que han sido difundidos recientemente en algunos medios de comunicación y plataformas digitales, los cuales carecen absolutamente de fundamento legal y están basados en rumores malintencionados. Estas acusaciones, además de ser falsas, constituyen un atentado injustificado contra su honor, prestigio y trayectoria profesional”.

El homónimo del magistrado es parte de una lista de 15 individuos contra quienes el 5 de agosto de 2007 la entonces Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de esta ciudad, Silvia Carrasco Corona, libró órdenes de aprehensión por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

El Arturo César Morales Ramírez que se refiere en esta indagatoria era un agente del Ministerio Público Federal de la SIEDO que en aquel año llegó a la bodega de Lufthansa en el AICM para tratar de llevarse un cargamento de 2.4 toneladas de tripolidine y pseudoefedrina y entregarlo a La Familia Michoacana.

Tiempo después, fue secuestrado Mauricio Cedillo García, montacarguista de la aerolínea alemana, y su cuerpo decapitado se encontró en el Estado de México.

El magistrado denunció que existe una campaña de desprestigio para afectar su candidatura, derivada del error cometido por el Legislativo al confundirlo con un presunto delincuente.

“Durante más de 30 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, el magistrado Morales Ramírez ha desempeñado sus funciones con integridad, ética y compromiso con el Estado de Derecho, siempre con apego irrestricto a la legalidad y al respeto de los derechos humanos”, puntualizó.

“Llama poderosamente la atención que esta campaña de desprestigio haya surgido justo en el momento en que se evalúa su elegibilidad para ocupar una magistratura federal de circuito en materia administrativa en la Ciudad de México. Esta coincidencia hace evidente una posible intención de obstaculizar su legítimo desarrollo profesional mediante la difusión de información falsa, con claros tintes de desinformación y manipulación mediática”.

Morales Ramírez expresó su disposición a colaborar con las autoridades competentes, en caso de existir señalamientos formales, para atender cualquier inquietud dentro del marco del debido proceso y bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.

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