Monterrey, NL. – La tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León sumó un nuevo capítulo este viernes. La presidenta del Congreso del Estado, Itzel Castillo Almanza, denunció que el gobernador Samuel García Sepúlveda ha incurrido en una “omisión legal” al ignorar los plazos constitucionales para proponer al nuevo titular de la Tesorería General.

El conflicto por los plazos

Según la legisladora, la vacante dejada por Carlos Garza Ibarra desde enero de este año debió haberse atendido formalmente esta semana. Castillo Almanza señaló que el plazo legal para presentar una propuesta ante la Oficialía de Partes venció el pasado miércoles 1 de abril.

” “La Constitución Política del Estado es muy clara. Hay un plazo establecido para enviar la propuesta y este venció sin que el Ejecutivo cumpliera con su responsabilidad”, afirmó la diputada.

Notificación tardía y desfase legal

El conflicto técnico radica en la fecha de notificación. Mientras el Congreso sostiene que la omisión es un hecho consumado, el Ejecutivo estatal envió apenas este jueves la notificación oficial de la renuncia del ex tesorero.

Bajo la interpretación del Gobierno Estatal, a partir de esta notificación se abre un periodo de 90 días para que el mandatario designe a un nuevo titular, quien posteriormente deberá ser ratificado por el Pleno del Congreso.

Advertencia sobre el Estado de Derecho

Para la presidenta del Legislativo, estas maniobras representan un precedente “peligroso” para el orden social y la gobernabilidad de la entidad.

 Castillo lamentó que el gobernador se haya limitado a dar declaraciones mediáticas sin sustento oficial.

” “Los servidores públicos, y más al nivel del gobernador, no podemos sentar precedentes de no obedecer la ley”, concluyó la legisladora, calificando la actitud del mandatario como una falta de respeto al estado de derecho.

La acefalía en la Tesorería General se mantiene como un punto crítico de la agenda política, en un contexto de constantes roces por la designación de cargos clave y el manejo presupuestal en el estado.