Saltillo, Coah.- Este martes el Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, donde acredita al priista Miguel Ángel Riquelme Solís como nuevo Alcalde de Torreón.

Lo anterior derivado del oficio enviado por el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Eduardo Olmos Castro, mediante el cual se notificó el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González.

En el documento, el funcionario municipal informó formalmente al Poder Legislativo sobre el deceso de quien se desempeñaba como Presidente Municipal de Torreón, además de solicitar la intervención del Congreso para la designación de la persona que deberá asumir el cargo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Durante la sesión, los diputados locales respaldaron sin votos en contra la propuesta que mantenía al ex gobernador como único aspirante a ocupar la presidencia municipal.

“ Se designa al ciudadano Miguel Angel Riquelme Solís, para desempeñar las funciones de presidente municipal del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en sustitución de Román Alberto Cepeda González, cargo que deberá desempeñar a partir de que rinda la protesta de ley”, informó la diputada Claudia Aldrete García.

De acuerdo con el Artículo 158-K de la Constitución de Coahuila, es facultad del Poder Legislativo resolver sobre las ausencias temporales o absolutas de alguno de los miembros del Ayuntamiento.

El día 24, Carlos Robles Loustaunau, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, propuso a Riquelme Solís, senador con licencia, para ocupar la alcaldía.

“ Comuníquese en forma oficial al Ayuntamiento de Torreón, la designación de Miguel Angel Riquelme Solís, a efecto de que se le llame a rendir protesta y se incorpore a sus funciones como presidente municipal del Ayuntamiento de Torreón”, refiere el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso del Estado.

Asimismo, la Constitución de Coahuila se homologa con la Constitución Federal, para vincular la suspensión de los derechos y prerrogativas ciudadanas a la condición de prófugo de la justicia, restricción que surte efectos desde la emisión de la orden de aprehensión respectiva y subsiste hasta que ésta quede sin efectos o prescriba la acción penal.

La persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, únicamente mientras subsista la suspensión de sus derechos.

Con esta adición, se da certeza jurídica al orden constitucional del Estado, respecto a la situación jurídica temporal de quienes se encuentren sustraídos de la acción de la justicia.

La reforma en materia electoral, integración de ayuntamientos, presupuesto legislativo y paridad de género, se homologa con las reformas a la Constitución Política de México, aprobadas en junio del 2025 y abril del 2026.

Con información de Ernesto Acosta