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Contraloría de NL concluye que Jaime Rodríguez, ‘El Bronco’, habría omitido declarar 57 propiedades

  Por Grupo Zócalo

Publicado el jueves, 30 de mayo del 2024 a las 12:18


Un total de 14 fueron adquiridos dentro del periodo que fue gobernador constitucional del Estado de Nuevo León

Monterrey, NL.- La Contraloría y Transparencia Gubernamental estatal investiga una probable falta administrativa grave por enriquecimiento oculto del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, por haber omitido en su declaración patrimonial un total de 57 propiedades, para él, su esposa, e hijo, adquiriendo 14 nuevos inmuebles durante su sexenio.

Información en poder de este medio detalla que el exmandatario incurrió en falsedad, entre 2018 y 2021, con la finalidad de ocultar el incremento en su patrimonio en el periodo a su cargo.

El servidor público tiene 57 bienes inmuebles que fue omiso en declarar, 50 a su nombre, tres a nombre de su cónyuge, uno en copropiedad con su cónyuge, Adalina Teresa Dávalos Martínez y tres a nombre de su dependiente económico, Hugo Alejandro Medrano Dávalos.

Un total de 14 fueron adquiridos dentro del periodo que fue gobernador constitucional del Estado de Nuevo León.

La autoridad investigadora está en aptitud de determinar en esta etapa que si existe conducta cometida por el servidor público investigado.

Las autoridades señalaron que el exgobernador tuvo la calidad de servidor público, faltó a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses y presuntamente tuvo como fin ocultar el incremento de su patrimonio.

En su declaración inicial señaló tener nueve propiedades, en el 2019 tener siete, en la del 2020 tener 10 y en su declaración de conclusión dijo volver a siete.

Dentro de la investigación, la Contraloria estableció que ninguna de las 57 propiedades fueron manifestados por el declarante cuando era gobernador.

Las autoridades seguirán con la integración de carpetas, con el fin de castigar los actos de corrupción.

Rodríguez también omitió ser socio de una empresa desde hace 30 años

En medio de las investigaciones por posibles actos de corrupción, la Contraloría y Transparencia Gubernamental detectó que el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón violó su propio Código de Ética, al omitir declarar ser socio de una empresa desde 1993.

Rodríguez Calderón creó en 2016 el Código de Ética para Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, que tenía como objetivo la obligatoriedad de declarar cualquier conflicto de interés siendo titular del Ejecutivo.

Fue emitido por el ahora presunto responsable como gobernador Constitucional del Estado y Titular del Poder Ejecutivo en agosto del 2016.

Se indica que daran a conocer los posibles conflictos de interés en que pudieran incurrir, con el objetivo de garantizar la imparcialidad en la búsqueda del beneficio público.

Rodríguez Calderón, que estuvo en el Penal de Apodaca más de tres meses por otro caso, debió declarar que fue accionista del Centro Comercializador de Productos del Campo, S.A. de C.V.

El Código de Etica contenía la obligación a cargo de los servidores públicos de declarar los posibles conflictos de interés.

El exmandatario proporcionó una copia certificada de la escritura pública número 23 mil 742 de fecha 8 de octubre de 1993, del Centro Comercializador de productos del Campo, S.A. de C.V., de la cual es socio, además de que pudo haber fungido como presidente del Consejo de Administración.

La Contraloría también solicitó información del exmandatario y de su esposa, quien fungió como titular del DIF, Adalina Dávalos Martínez, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a Agua y Drenaje de Monterrey, al Gobierno del estado de Coahuila, y a compañías de telefonía, por mencionar algunas.

La dependencia estatal analiza el expediente de la Unidad Anticorrupción por falta administrativa (grave) por haber omitido declarar bienes propios de su esposa e hijos.

Desde febrero pasado, la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Nuevo León iniciaría un juicio político contra el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón y su entonces secretario General de Gobierno, Manuel González, por haber por haber utilizado en horario laboral a 572 servidores públicos para la recolección de firmas en el proceso electoral del 2018.

Con información de Milenio

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