Ciudad de México.- Ante la persistencia de la violencia, la impunidad y la corrupción que impiden que haya justicia para las familias de miles de desaparecidos en México, organizaciones sociales llamaron ayer a crear un mecanismo internacional bajo la supervisión de la ONU.

Al presentar el informe Corrupción que Mata, James Goldston, director de Open Society Justice Initiative, advirtió que si la impunidad continúa y el Estado mexicano no reacciona, podría intervenir la Corte Penal Internacional.

Goldston recordó que el Gobierno mexicano se ha opuesto en el pasado a la posible intervención de un mecanismo internacional con capacidades de investigación, bajo el argumento de que se violaría la soberanía nacional, pero el problema ha alcanzado tal dimensión que lo que ahora se requiere es una medida diferente.

El directivo de la organización sostuvo que en México es más frecuente que muchos de los crímenes de los cárteles sean perpetrados en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos, ante la falta de sanciones contra estos servidores.

“El monstruo creció demasiado, tiene demasiado poder e influencia para creer que él mismo se va a destrozar”, alertó Ina Zoon, oficial de políticas de Open Society, haciendo alusión a la corrupción imperante en el país.

Jan Jarab, representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, dijo que cuando la corrupción es sistemática, los estados pierden su capacidad de evitar violaciones graves de derechos humanos con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir los crímenes atroces y actos de corrupción relacionados a ellos.

Vacíos de poder

La atomización del poder político debido a los cambios de partido en las administraciones federal, estatales y municipales es un factor que ha detonado la violencia en los últimos años, concluye el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

En su diagnóstico Una Estrategia de Seguridad Pública, presentado ayer, señala que esa circunstancia derivó en vacíos de poder que fueron aprovechados por el crimen.

“Desde la última administración priista del siglo 20, el poder político se fue hacia las entidades federativas y municipios con distintas filiaciones partidistas, lo que derivó en en vacíos de poder institucional que han sido aprovechados por la delincuencia organizada”. (Con información de Reforma)