Washington, Estados Unidos.- Los traficantes de personas emplean “la corrupción” para que los gobiernos hagan la vista gorda, afirmó este martes Estados Unidos al presentar su informe anual sobre la trata, en el que Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en la lista negra.

Hay 25 millones de víctimas de trata en todo el mundo, afirmó el secretario de Estado, Antony Blinken, durante la presentación, insistiendo en que “la corrupción sigue siendo la principal herramienta de los traficantes”.

“ Funcionarios gubernamentales cómplices pueden hacer la vista gorda ante actividades ilícitas, proporcionar documentación falsa a los trabajadores y alertar a los traficantes”, lo cual les permite actuar con impunidad, añadió.

Cuba, Venezuela y Nicaragua ocupan el Nivel 3, es decir aquel donde los gobiernos incumplen los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas, junto con Malasia, Afganistán, Eritrea, Guinea Bisáu, Irán, Birmania, Corea del Norte, Rusia, Sudán del Sur, Siria, y Turkmenistán.

Según Estados Unidos, en algunos de ellos los gobiernos participan en la trata, por ejemplo, tomando represalias cuando los ciudadanos se expresan políticamente o mediante trabajos forzados en sectores como la minería, la tala o la agricultura. E incluso enviando a miembros de grupos étnicos minoritarios para ser “desradicalizados” en campos o desplegando trabajadores en otros países sin decirles adónde van, confiscando pasaportes y salarios y vigilando sus movimientos.

Today we released the 2022 Trafficking in Persons Report, which is meant to effect positive change and encourage governments to increase and improve their anti-trafficking efforts each year. Read it here: https://t.co/dRZXon7fRg #EndHumanTrafficking pic.twitter.com/AEhtoWyDAH

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 19, 2022

Cuba, ejemplo de “patrón gubernamental” 

Pone el ejemplo de Cuba, que sigue “una política o patrón gubernamental” para sacar provecho de “programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero”.

Washington estima que La Habana utiliza “tácticas coercitivas” y no abordó las denuncias de “oenegés creíbles, antiguos participantes (en los programas) y gobiernos extranjeros”.

El informe sostiene que no se informa a este personal médico de los términos de los contratos, que varían de un país a otro, y se confiscan sus pasaportes y salarios, y “amenazan a profesionales médicos y sus familiares si los participantes” se van del programa.

Cuba vende servicios a países terceros a través de las llamadas “misiones internacionalistas” que incluyen actividades médicas calificadas de “esfuerzo solidario”.

No obstante, en el informe el Departamento de Estado observa que Cuba “tomó algunas medidas” contra la trata como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.

De Venezuela a Egipto

También ha visto “algunas medidas” por parte del gobierno nicaragüense de Daniel Ortega como “el enjuiciamiento de ocho presuntos traficantes y condena a cuatro traficantes sexuales”, pero le reprocha que “siga restando importancia a la gravedad” de la trata en Nicaragua, donde la corrupción es “endémica”.

Venezuela sale peor parada porque “los representantes del régimen no reportaron haber asistido a ninguna víctima ni procesado o condenado a traficantes”, afirma.

El informe utiliza el término de “régimen” de Nicolás Maduro, cuya reelección Estados Unidos no reconoce tras acusaciones de fraudes en las elecciones de 2018, y menciona como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó.

La trata de personas afecta especialmente a las poblaciones marginadas, las minorías, los pobres y por supuesto los migrantes.

Ante el deterioro de la economía y la crisis política más de seis millones de venezolanos han huido del país y los traficantes se aprovechan de ello: en 2021, los traficantes atrajeron a mujeres, algunas de ellas transgénero, a España y Alemania con empleo fraudulento y las sometieron a procedimientos quirúrgicos forzados para explotarlas sexualmente.

Cita también el caso de Kali. Creció en Venezuela con su madre y dos hermanos y cuando estaba terminando la carrera de ingeniería, antes de que la universidad cerrara debido a la crisis, se enteró de que una empresa de contratación internacional en línea ofrecía puestos de niñera. Le propusieron uno en una familia adinerada de Egipto, que le quitó el pasaporte y la retuvo en un sótano con más mujeres y trabajando sin cobrar. Logró escapar y ahora vive en Panamá.