Ciudad de México.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este martes que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) haya reconocido en su momento la existencia del paro de labores en juzgados y tribunales en protesta a la reforma judicial y emitido medidas para evitar que se paralizaran en su totalidad las labores de impartición de justicia.

Con la decisión del máximo tribunal del país se evitará que a futuro se finquen responsabilidades de cualquier tipo a los que participaron (trabajadores, jueces y magistrados) en la suspensión de labores que duró casi tres meses, entre septiembre y octubre del año pasado.

En sesión del Pleno de la Corte, se aprobó con siete votos contra tres el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que validó la Circular 17/2024 emitida por el Pleno de la Judicatura el 23 de agosto del 2024, con la que se tomó conocimiento de la suspensión de actividades en el PJF declarada el 21 de agosto del año pasado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), suspendió plazos y emitió medidas para que se atendieran sólo los casos urgentes.

“Se estima que la determinación sobre la suspensión de actividades y el dictado de medidas sobre la tramitación de asuntos con carácter urgente, se dictó sin prejuzgar en la toma de decisiones que se suscitó entre los integrantes de la Jufed y particularmente atendió a preservar la continuación de las labores judiciales y a garantizar el ejercicio de impartición de justicia.

“De no haber emitido pronunciamiento alguno, consideramos que se hubiera perjudicado el funcionamiento jurisdiccional y dejado en estado de incertidumbre a los justiciables al no haberse suspendido los términos respectivos”, argumentó Pardo.

En contra del proyecto votaron las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, pues justificaron que la solicitud quedó sin materia porque los trabajadores del PJF retomaron labores en noviembre. Aun así, criticaron el actuar del CJF.

Ortiz Ahlf señaló que la circular del CJF refrendó el derecho de todas las personas del PJF de manifestarse pacíficamente dentro del marco legal, pero al suspender plazos y se establecieron las hipótesis de atender solo casos urgentes se interrumpió el funcionamiento ordinario de los órganos jurisdiccionales y con ello se afectó el derecho de los ciudadanos.

“Es por ello que la determinación de resolver únicamente los asuntos calificados como urgentes resulta insuficiente para garantizar el derecho de todas las personas para acceder a la justicia. Las y los ministros tenemos la responsabilidad y la obligación de garantizar la continuidad plena del servicio de justicia federal en los términos que marca el 17 constitucional”, dijo.

En tanto, la ministra Batres Guadarrama sostuvo que no es facultad de la Corte calificar o validar los actos del CJF, pero también criticó la decisión tomada por la mayoría en el Pleno de los consejeros por no tomar alguna medida para que juzgados y tribunales reanudaran labores o en su caso sancionarlos, como descuentos salariales.

“Si el propósito era preservar el servicio público, el Consejo de la Judicatura de la Federación debió ordenar precisamente eso, la continuidad del servicio y no la suspensión, de manera que su actuación es debatible y desde mi punto de vista absolutamente sancionable porque su función no es estar regularizando a posteriori decisiones unilaterales que, sin contar con competencia para ello, tomaron las personas juzgadoras para suspender el servicio público”, dijo.

Información de La Jornada.