Bogotá, Colombia .- La Corte Constitucional de Colombia ha dado un revés al Gobierno al ordenar que la reforma al sistema de pensiones, aprobada el año pasado, sea devuelta a la Cámara de Representantes para subsanar un “vicio de procedimiento”. Esta decisión significa que la iniciativa no entrará en vigor el próximo 1 de julio como estaba previsto.

La Sala Plena de la Corte informó en un comunicado que instruyó al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, para que, con el fin de corregir el error procesal, se vuelva a discutir una proposición que permita “acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado”.

La Cámara de Representantes tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para cumplir con esta orden, contados a partir de la comunicación de la providencia. Es crucial que este trámite solo correrá cuando el Congreso de la República se encuentre en sesiones ordinarias, a menos que sea convocado para ello en sesiones extraordinarias.

Una vez subsanado el vicio de procedimiento, el presidente de la Cámara deberá presentar un informe a la Corte sobre el cumplimiento de esta decisión. Solo entonces, el alto tribunal podrá “pronunciarse definitivamente sobre la constitucionalidad” de la reforma pensional.

A pesar del freno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que:

“… la reforma pensional se ha salvado”. En su cuenta de X, solicitó “a la Cámara de Representantes discutir a fondo el artículo que aprueba el texto del Senado y aprobarlo”, añadiendo que “la Cámara ha sacado la cara por las reformas sociales del Gobierno y del pueblo”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que:

“… es importante que no se haya hundido la reforma pensional en la Corte Constitucional y que la hayan enviado de nuevo a la Cámara para que se discuta más, para que haya más debates”. Benedetti adelantó que, ante el fin del periodo ordinario de sesiones este viernes, el presidente Petro “convocará (sesiones) extras a la Cámara”.

La reforma de las pensiones busca ampliar la cobertura y modificar la distribución de recursos, trasladando una parte significativa a un fondo público, mientras que el resto del dinero seguirá siendo administrado por los fondos privados. El esquema propuesto se compone de cuatro pilares que dividen a la población entre quienes necesitan un subsidio total o parcial, y los empleados que pueden aportar dinero para una pensión o ahorrar voluntariamente para una mesada mensual superior.