La ampliación del periodo original —que vencía en marzo— se concedió a petición de los abogados de García Luna, quienes habían advertido que, debido a lo voluminoso del caso, pero sobre todo a los problemas de comunicación con su cliente, necesitaban más tiempo para preparar el expediente.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito validó la petición y fijó como nueva fecha límite para la presentación de este expediente el próximo 21 de julio.
MILENIO publicó el 13 de marzo que el equipo de defensa del exfuncionario había solicitado esta ampliación luego de describir que la comunicación con su cliente ha sido prácticamente imposible, dado que ha sido recluido en áreas de castigo en las dos cárceles a las que ha sido trasladado tras recibir una sentencia de 38 años de prisión en noviembre pasado.
La zona en la que el ex funcionario se encontraba al menos hasta el 14 de marzo era la Unidad Especial de Albergue del centro penitenciario UPS Lee, en Oklahoma, conocida entre los internos como El Hoyo.
Se trata de un área de castigo con múltiples antecedentes de violaciones a derechos humanos internos, que incluyen aislamiento extremo e incluso actos de tortura.
“ Hemos hecho numerosos intentos para tener llamadas legales con él, incluso involucrando la oficina del alcaide (jefe de la prisión) después de la falta de respuesta del personal; sin embargo, solo nos han proporcionado dos llamadas, una de las cuales fue cortada abruptamente después de solo 24 minutos”, advirtió el defensor César De Castro en la carta enviada al tribunal para sustentar su solicitud de aplazamiento.
MILENIO confirmó con la esposa del ex funcionario, Christina Pereyra, las condiciones de aislamiento e incomunicación en las que se encontraba.
Hasta la fecha, de acuerdo con el Registro Federal de Prisioneros, el ex funcionario continúa en dicho centro penitenciario, aunque no se sabe si aún es mantenido en la zona de aislamiento extremo.
La condena impugnada
Luego de que en febrero de 2024 fue declarado culpable de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a los Estados Unidos, García Luna fue condenado en noviembre a una sentencia de 38 años de prisión. Esto significaría que tendría que permanecer en prisión hasta el año 2052.
Cabe señalar que los fiscales buscaban una condena de prisión de por vida para el ex funcionario mexicano, pero el juez Brian Cogan valoró sus antecedentes como agente de seguridad para no imponer dicha pena.
La defensa consideró como una victoria marginal el haber evitado la cadena perpetua, pero confirmó que apelaría todo el procedimiento bajo el argumento de que los fiscales sustentaron su caso en declaraciones de testigos colaboradores (la mayor parte criminales) que argumentaron hechos notoriamente falsos o fabricados.
En diciembre, los abogados presentaron la notificación legal en tribunales de que el procedimiento sería apelado, pero el escrito de fondo con los argumentos y razonamientos es lo que se ha retrasado.
