También advirtió que la anulación de los aranceles expondría a Estados Unidos a “represalias comerciales implacables” por parte de otros países.

Sauer argumentó que la cuestión de este caso no es la imposición de aranceles, sino la regulación del comercio exterior.

“Gran autoridad”

Varios magistrados expresaron sus dudas sobre las facultades que confiere a Trump la invocación de la IEEPA, ya que esta solo menciona poderes presidenciales para “regular las importaciones y exportaciones” y no para imponer aranceles.

“Los impuestos son competencia del poder legislativo (…) y los aranceles son impuestos”, declaró la jueza progresista Sonia Sotomayor.

El presidente utiliza esta ley de emergencia “para imponer aranceles aduaneros independientemente del producto y del país de origen, eligiendo el importe y la duración”, señaló el juez conservador John Roberts, lo que, a su juicio, confiere una “gran autoridad” al presidente.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impuesto aranceles a diestra y siniestra, hasta situar los gravámenes en su nivel más alto desde la década de 1930.

Un tribunal falló en mayo que el presidente excedió su autoridad al imponer los aranceles, aunque la apelación del gobierno permitió que permanecieran temporalmente en vigor.

Luego, un tribunal de apelaciones federal falló en agosto que los gravámenes eran ilegales, lo que llevó al gobierno a elevar el caso a la Corte Suprema.

Trump afirmó en la víspera de esta primera sesión del supremo que mantener estos aranceles es “una cuestión de vida o de muerte” para Estados Unidos.

Aunque el alto tribunal considerara ilegales todos los gravámenes, la administración Trump podría recurrir a otras leyes para imponer aranceles de 15 por ciento durante 150 días, y aprovechar ese plazo para abrir investigaciones oficiales, como le concede la Sección 301 de la Ley de Comercio.