Saltillo, Coah.- La nueva Procuraduría de la Familia contará con un equipo especial de policías, que serán capacitados en seguridad y leyes para proteger a menores de edad. Este grupo policiaco será conformado por trabajadores sociales y psicólogos, según señala la nueva ley de protección a los niños y las niñas.

Jaime Bueno Zertuche, director del DIF Estatal, informó que se está trabajando en la nueva Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se creará una nueva procuraduría, para la cual se asignará un grupo de policías.

“Contará con un cuerpo de seguridad especializado para abordar el tema de las niñas y los niños, son policías que están en capacitación, que podrán abordar el tema de la pérdida de la patria potestad, el tema de la pensión alimenticia, temas que antes debido a la carga se quedaban rezagados o no se les daba la prioridad debida, y ahora la tendrán con este nuevo cuerpo de seguridad”, dijo.

Este grupo de protección contará con 15 elementos en un inicio, tienen ya dos meses de capacitación en seguridad, y que serán parte de la nueva ley de protección a menores de edad de la nueva procuraduría de los niños, niñas y familia.

“Es una ley que privilegia el tema de la mediación como primera instancia para resolver los conflictos y bueno, una procuraduría mediante al cual se estarán complementando políticas públicas directamente a este grupo de niñas niños y adolescentes”, agregó.

Publican acuerdo de seguridad

Por: ERNESTO ACOSTA SOSA

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo firmado entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Gobernación, mediante el cual Coahuila recibirá 87 millones 283 mil pesos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.

El documento lo signaron  Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, y el gobernador Rubén Moreira Valdez.

Los recursos deberán aplicarse en estrategias de seguridad y prevención del delito, con transparencia, eficacia y economía.

El compromiso es trabajar de manera coordinada para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar sus libertades, el orden y la paz pública, para lo cual el Gobierno del Estado aplicará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral.

Incluye atender las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y diseñar programas y acciones que fomenten los valores culturales y cívicos, que induzcan al respeto a la legalidad.