Buenos Aires.- El misterio sigue cubriendo la muerte del fiscal que acusó a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de pactar con Irán la impunidad de terroristas, dos meses después de que su cuerpo fuera hallado con un tiro en la cabeza.

La noche del domingo 18 de enero, Alberto Nisman, el fiscal que desde hacía una década investigaba el atentado terrorista de la historia argentina, fue encontrado semidesnudo, tirado en el baño de su departamento.

Habían pasado sólo cuatro días desde que provocara un escándalo político al acusar a la presidenta de querer encubrir a los iraníes implicados en al ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.

La acusación de Nisman reabrió la herida que arrastran los familiares de los 85 muertos que dejó el atentado, los sobrevivientes y una sociedad entera que sigue reclamando justicia y que está sumergida en el dolor de la impunidad, porque pese al tiempo transcurrido no hay un solo detenido.

En estos dos meses, la denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas por falta de pruebas, pero este fallo está a revisión en la Cámara Federal, por lo que la presidenta todavía está en riesgo de ser acusada por encubrimiento.

Fernández de Kirchner enfrentó la crisis con la disolución de la Secretaría de Inteligencia, el desprestigiado y añejo órgano oficial de espionaje, y logró que el Congreso aprobara en tiempo récord la nueva Agencia Federal de Inteligencia.

En el caso de la muerte de Nisman, la estrategia del gobierno se centró en impulsar la teoría del suicidio, línea central de la investigación de la fiscal del caso, Viviana Fein, mientras que la oposición mediática y política apostó por el asesinato.

La ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado, descartó el suicidio desde un principio, y semanas más tarde, con peritajes propios en mano, ratificó su teoría y advirtió que “a Nisman lo mataron” e incluso calificó la muerte como “un magnicidio”.

Pero el misterio sigue, porque todavía no hay pruebas concluyentes sobre cómo se produjo la muerte, y que las encuestas demuestran que más de la mitad de los argentinos considera que jamás se sabrá la verdad.

Lo que sí ha dado un giro radical es la imagen de Nisman, ya que durante este tiempo se descubrió que era un informante de la embajada de Estados Unidos, en donde consultaba cada paso de su investigación, y que manejaba de manera dudosa los millonarios recursos de la fiscalía.

Un personaje central es Diego Lagomarsino, un informático que le prestó la pistola con la que Nisman se suicidó o fue asesinado, y quien cobraba un alto sueldo por parte de la fiscalía que no se justificaba con su trabajo, ya que ni siquiera acudía a la oficina.

Este miércoles, Lagomarsino reveló que en realidad sólo cobraba la mitad del sueldo, ya que el resto se lo devolvía al fiscal al depositarlo en una cuenta bancaria, además de que era cotitular de otra cuenta que Nisman tenía en Estados Unidos.

La familia tampoco ha ayudado mucho a esclarecer el caso, ya que Arroyo Salgado, quien tuvo dos hijas con Nisman, exigió que no se periten las computadoras ni los celulares del fiscal, mientras que la madre del fiscal vació una caja de seguridad antes de que fuera revisada por la Policía.

La filtración de fotos de Nisman acompañado en fiestas con mujeres jóvenes y el descubrimiento de que pagaba, con recursos del Estado, nutricionista y esteticista, terminó de opacar su imagen.

Por eso este miércoles ya no se llevó a cabo una marcha multitudinaria en homenaje a Nisman como la que hubo hace un mes, y en la que miles de personas clamaron un “Je suis Nisman” que ahora ya es más difícil de sostener.