Ciudad de México.– Los senadores y funcionarios públicos del país están legalmente obligados a detallar sus bienes inmuebles en cada declaración patrimonial anual, incluso si dichos activos ya habían sido informados en ejercicios anteriores, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción.

Especialistas en transparencia señalan que acciones como la realizada por legisladores como Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López en sus declaraciones de 2026 —quienes omitieron o “desaparecieron” propiedades previamente registradas— constituyen un incumplimiento de sus responsabilidades y una opacidad en su evolución patrimonial.

¿Qué exigen las normas anticorrupción?

El formato oficial de declaración patrimonial y de intereses, vigente desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2019 por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, establece en su apartado de “Bienes inmuebles” que el declarante debe especificar obligatoriamente:

– Si mantiene propiedades sin cambios.

– Si realizó nuevas adquisiciones o modificaciones.

– Si reporta la baja de algún inmueble por venta, donación, herencia u otro motivo.

Estas disposiciones aplican de manera uniforme para todos los servidores públicos de la administración pública, dependencias y órganos autónomos, incluido el Poder Legislativo.

Vania Pérez Morales, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, explicó que la rendición de cuentas busca precisamente dar claridad sobre el crecimiento o modificación de los bienes.

” “La evolución patrimonial es la posibilidad de ver cómo avanzaron y las discrepancias. O sea, tú no puedes declarar una vez que tienes una casa y luego que ya desapareciste esta casa, o que sólo tienes la deuda. ¿Qué pasó, la regalaste, qué hiciste con ella?”, cuestionó la experta en entrevista con Latinus.

El caso Noroña y el debate sobre las reglas

La controversia surge tras revelarse que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña omitió reportar en su declaración más reciente una propiedad valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán —la cual sí había incluido el año previo— argumentando que bastaba con declarar el adeudo millonario derivado de su compra realizada en 2024.

Ante este tipo de justificaciones, Pérez Morales enfatizó que las reglas son claras y aplicables para todos los representantes populares:

” “Los lineamientos que se aprobaron en el 2019 son iguales para todos, no se vale decir: ‘yo declaro esto y tú declaras otra cosa que estás en el Poder Legislativo’. No se puede”, sentenció.

Con información de LATINUS