Coahuila

Publicado el viernes, 24 de octubre del 2025 a las 04:44
Saltillo, Coah.- De las 395 denuncias que ha presentado la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía Especializada por Hechos de Corrupción, entre 2017 y 2025, ya se les dio “carpetazo” a 214 expedientes sin que se haya producido sanción alguna contra funcionarios o exservidores públicos.
De acuerdo al oficio FGE-UT/964/2025, sólo quedan activas 181 carpetas de investigación, surgidas a petición de la Auditoría Superior, de las cuales ocho se presentaron en 2024 y dos en lo que va del actual ejercicio.
Sobre el tema de las sanciones, de manera formal se explicó lo siguiente: “La sanción en el derecho penal es entendida como la pena o medida de seguridad que el Juzgador, una vez agotado el proceso penal y resolverse la plena responsabilidad del acusado, determina sea aplicada y compurgada por la persona sentenciada, a efecto de resarcir el daño ocasionado y castigar la conducta delictiva. En este sentido informo que ninguna procedió a una sanción”.
Al final de cada ejercicio, la Auditoría Superior del Estado exhibe millones de pesos en observaciones a dependencias estatales y municipales y, a través de los años, ha presentado un total 476 denuncias ante la Fiscalía General del Estado –antes Procuraduría General de Justicia– y a la Fiscalía Anticorrupción.
Por parte de la FGE, de los 81 expedientes recibidos, en 54 casos aún siguen abiertos, en 24 casos se determinó la no acción penal y sólo tres expedientes se judicializaron.
Las denuncias de diferentes instancias son principalmente por malversaciones, desvíos, compras sin justificar, falta de documentación en gastos y demás anomalías.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General, antes Procuraduría General, fueron colocadas entre los años 2006 y 2017.
A partir de octubre de 2017, la Auditoría ha vertido sus denuncias ante Fiscalía Anticorrupción, como consecuencia de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, puntos de acuerdo del Congreso del Estado, o con motivo de una denuncia ciudadana o índole en términos de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización.
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