Estado de México.— Un juez federal en materia penal concedió una suspensión de oficio y de plano al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con el propósito de evitar que sea incomunicado mientras permanece recluido en el Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde enfrenta un proceso penal por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La medida legal fue dictada por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca.

Garantizan comunicación con familiares y defensa legal

De acuerdo con los resolutivos del mandato judicial, las autoridades del penal mexiquense tienen la obligación legal de permitir que el exmandatario mantenga contacto permanente con sus familiares y con su equipo de abogados defensores.

Asimismo, la resolución estipula que Aguirre Rivero contará con la facilidad de realizar llamadas telefónicas destinadas a recibir asesoría jurídica. No obstante, dado que la periodicidad de estos enlaces no quedó especificada en el acuerdo preliminar, el juez requirió a la administración penitenciaria que informe detalladamente los términos bajo los cuales se cumplimentará dicha disposición.

” «Lo anterior deberá acreditarse con las constancias respectivas al momento de rendir informe a la suspensión de oficio y de plano concedida», precisa el documento judicial.

Contexto del proceso judicial

El exgobernador fue vinculado formalmente a proceso el pasado 12 de agosto tras ser señalado por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014. Durante las audiencias iniciales, su defensa legal, encabezada por el abogado Guillermo Barradas, presentó 31 datos de prueba con los que buscaba desacreditar los testimonios de dos testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según las indagatorias de la fiscalía, las acusaciones señalan que Aguirre Rivero habría ordenado ocultar y destruir los registros de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, así como diversas evidencias relacionadas con el caso. Pese a que la defensa argumentó que los señalamientos de la FGR carecían de sustento probatorio, el juzgador determinó la vinculación a proceso que hoy lo mantiene recluido bajo medidas de salvaguarda en el penal federal.

Con información de LATINUS