Ciudad de México.-Una juez federal dictó esta tarde auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada a los 8 militares que ya estaban procesados por su supuesta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, consideró que la Fiscalía General de la República ofreció los indicios suficientes para someter a juicio a los miembros del instituto armado, confirmaron autoridades judiciales.

El fallo implica que los soldados permanezcan internados en el Campo Militar Número 1, ya que fueron procesados bajo las reglas del sistema de justicia tradicional, que prevé la prisión preventiva para el delito de delincuencia organizada.

Los acusados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz.

Todos ellos eran integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero, cuando desaparecieron los 43 normalistas en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Ahora suman dos procesos, uno por desaparición forzada y el nuevo por delincuencia organizada.

Ayer sus abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández acusaron a la FGR de no presentar a declarar en esta nueva causa penal a los testigos protegidos “Carla” y “Neto”, en cuyos dichos se sustenta buena parte de la nueva acusación.

Ambos, al igual que el testigo colaborador con nombre clave “Juan”, aseguran que los ahora procesados recibían sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos, a cambio de protección, durante la época en que los traficantes desaparecieron a los normalistas.

En junio del año pasado la juez Duarte Cedillo ordenó las aprehensiones de los militares por el delito de desaparición forzada, precisamente por su relación con el caso de los estudiantes.

Los 8 acusados se entregaron voluntariamente y fueron formalmente presos por ese primer juicio.

El pasado 22 de enero consiguieron que la juzgadora les modificara la medida cautelar y dos días después abandonaron el Campo Militar Número 1, para continuar su proceso en libertad provisional.

Desde ese día, la Secretaría de Gobernación cuestionó la decisión de la juez y dijo que pediría a la FGR que, de ser posible, solicitara nuevas órdenes de aprehensión en contra de los militares que obtuvieron su libertad provisional.

“ Se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”, anunció la Segob.