Los Ángeles.- El mayor general Scott Sherman testificó este lunes que las fuerzas militares enviadas a Los Ángeles para apoyar en redadas migratorias pudieron realizar ciertas tareas de aplicación de la ley, a pesar de la prohibición establecida por la Ley Posse Comitatus de 1878, que impide usar a las Fuerzas Armadas como policía nacional.

Sherman explicó que el personal militar asignado a operaciones nacionales puede proteger instalaciones y personal federal, e incluso establecer perímetros de seguridad fuera de edificios federales si un comandante en el terreno considera que hay riesgo.

Sus declaraciones abrieron un juicio de tres días para determinar si la administración de Donald Trump excedió su autoridad al desplegar a miembros de la Guardia Nacional y marines estadounidenses en Los Ángeles, tras las protestas de junio por redadas de ICE. La medida se ejecutó pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom y autoridades locales.

El Departamento de Defensa movilizó a unos 4,000 efectivos de la Guardia Nacional de California y 700 infantes de marina. Aunque la mayoría ya se retiró, aún permanecen unos 250 miembros bajo control federal. El estado solicita que el juez Charles Breyer ordene su devolución y prohíba que se utilicen para funciones policiales civiles.

Breyer ya determinó que la Casa Blanca violó la Décima Enmienda al invadir competencias estatales, aunque el gobierno federal apeló y obtuvo una suspensión temporal. Durante su despliegue, la Guardia Nacional participó en operativos migratorios y cateos a plantaciones de marihuana en el condado de Ventura, mientras que los marines resguardaron un edificio federal con centro de detención.

Desde junio, agentes federales han arrestado a migrantes en distintos puntos de la ciudad e incluso a algunos ciudadanos estadounidenses, lo que ha intensificado el debate sobre los límites del poder presidencial en el uso de tropas dentro del país.