Saltillo, Coah.- Este fin de semana se cumplen dos años de que el Poder Judicial de Coahuila no recibe pagos de Ficrea, luego de que en noviembre pasado se llegó a una década del llamado “Ficreazo”, con el que se defraudó a miles de acreedores en México, incluyendo al sistema de justicia coahuilense, al que sólo le han regresado 33.8 millones en nueve pagos, de los 126.5 millones que le defraudaron.

El 7 de noviembre del 2024 se cumplieron 10 años del “Ficreazo”, el gran fraude que la financiera Ficrea hizo a más de 3 mil 600 acreedores en todo el país y que salió a la luz en 2014, siendo uno de los afectados el Poder Judicial de Coahuila, al que lo defraudó con depósitos por 126.5 millones de pesos del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.

Desde entonces, y tras una serie de juicios mercantiles, se nombró a un síndico liquidador, que ha estado recuperando activos de la financiera, para pagar los más de 6 mil millones de pesos a los acreedores, para lo cual, cada año se han realizado depósitos parciales, que a la fecha sólo se han hecho 9.

La última ocasión que hicieron pagos fue en diciembre del 2022, pero, hasta el 18 de enero del 2023, el Poder Judicial de Coahuila cobró 2 millones 332 mil 339 pesos, en ese noveno pago, según dio a conocer en ese entonces el oficial mayor Manuel Gil, con lo cual la cifra total recuperada, sumando los ocho pagos anteriores llega a 33.8 millones de pesos.

De tal manera que, todavía falta por regresarle a Coahuila 92.7 millones de los 126.5 millones con el que fue defraudado el Poder Judicial, para lo cual, el equipo legal continúa reclamando, pues, aunque se esperaba un décimo pago parcial en diciembre del 2024, este nunca llegó.

Por tanto, este sábado se cumplieron dos años que la sindicatura no ha vuelto a entregar pagos parciales, alegando no poder liquidar los activos de Ficrea, al estar algunos de ellos dentro del litigio.

De haberle regresado Ficrea los 92.7 millones que le adeuda, el Poder Judicial hubiera podido costear con recursos propios la Ciudad Judicial de Saltillo, que ha costado arriba de 100 millones de pesos al Gobierno del Estado.