Boston.- El Gobierno de México presentó hoy argumentos ante una corte federal de Boston, para defender la viabilidad de su demanda civil contra empresas fabricantes de armas, a las que responsabiliza de la violencia en nuestro País por prácticas comerciales que facilitan el contrabando.

En el último día del plazo fijado por el juez Dennis Saylor, abogados de México replicaron a mociones de noviembre pasado de las empresas, que pidieron desechar la demanda por falta de jurisdicción de la Corte de Distrito de Massachusetts, así como ausencia de un verdadero reclamo que sea justiciable en ese tribunal.

“ Los Estados Unidos y México tienen un interés compartido en asegurar que las armas manufacturadas y distribuidas en Estados Unidos no sean traficadas hacia México. La habilidad del Gobierno mexicano para buscar un remedio eficiente y efectivo en un foro conveniente, son argumentos en favor de la existencia de jurisdicción de esta Corte”, afirmó el equipo contratado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

En el caso de la empresa Colt, por ejemplo, México dijo que presentará informes de especialistas que permiten estimar que 16 mil 400 armas recuperadas en nuestro País entre 2011 y 2020, fueron vendidas originalmente en Massachusetts, mientras que para Barrett Firearms, que fabrica los rifles calibre .50, capaces de derribar helicópteros, el cálculo es de mil 800 en el mismo periodo. Lo anterior, para sustentar la jurisdicción de la Corte de Boston sobre el caso.

En cuanto a la ausencia de un reclamo válido, México reitera que los fabricantes mercadean sus armas de tal manera que se vuelven más atractivas para los delincuentes mexicanos.

“ La demanda sí establece una causa de pedir. Alega que Colt, de manera irresponsable, anuncia sus pistolas como armas de asalto de tipo militar, sabiendo que estas son las armas preferidas de los cárteles del narcotráfico. Comercializa fusiles de asalto civiles como el Trooper, y presume que este comparte muchas de las características de rifles similares probados en combate”, explicó México.

“ Colt ha sabido por décadas que estos son precisamente el tipo de armas buscadas por los cárteles y traficadas a México. El tráfico ilegal de estas armas y el daño subsecuente al Gobierno de México, son consecuencias previsibles de la conducta de Colt”, agregó.

Similares argumentos y estimaciones sobre armas originadas en Massachusetts fueron presentados para rechazar mociones de Glock, Sturm Ruger & Co, Beretta, Smith & Wesson, Interstate Arms y Century International, que tendrán hasta el 28 de febrero para presentar su contrarréplica.

Nicholas Shadowen, abogado de Texas que representa a México, también anexó 59 pruebas documentales, muchas de ellas tomadas de sitios de internet de las fabricantes.

Será en marzo cuando el juez Saylor decidirá si desecha la demanda, o si procede a una etapa de descubrimiento probatorio, que puede prolongarse de uno a dos años.

México presentó esta demanda para reclamar a las fabricantes de armas el pago de daños y perjuicios, daños punitivos e incluso un porcentaje de sus ganancias, así como múltiples medidas preventivas para evitar el tráfico hacia territorio nacional, donde 70 a 90 por ciento de las armas involucradas en hechos de violencia vienen de Estados Unidos.

“ La teoría de México es que una serie de terceras personas, intermediarias en Estados Unidos, legal o ilegalmente compran y revenden las armas que fabricamos, que luego son ilegalmente obtenidas por compradores ‘de paja’, quienes ilegalmente las trafican por la frontera hacia México, donde eventualmente son usadas por cárteles de las drogas para cometer violencia criminal, que a su vez provoca daños financieros al Gobierno de México”, afirmaron las empresas en noviembre, en un memorándum conjunto en el que descalificaron dicha teoría.

En Estados Unidos, es extraordinariamente inusual que un caso civil federal llegue a juicio, por los enormes costos para todos los involucrados.

Entre marzo de 2019 y marzo de 2020, sólo 2 mil 84 de las 244 mil 814 demandas civiles en las que alguna corte federal dictó acuerdo inicial llegó a la etapa de juicio, con o sin jurado, el 0.8 por ciento.