San Pedro Garza García, Nuevo Léon.– Víctimas de un presunto fraude inmobiliario orquestado por la empresa Proyectos 9 se manifestaron este fin de semana en las inmediaciones de una plaza comercial en San Pedro, exigiendo que el propietario de la firma, José Lobatón, rinda cuentas ante la justicia y resarza el daño patrimonial causado a decenas de familias.

Plantón en San Agustín

Cerca de 15 afectados se concentraron en el cruce de las avenidas Real San Agustín y Lázaro Cárdenas, portando pancartas y lanzando consignas contra la familia Lobatón. El sitio de la protesta fue elegido estratégicamente, ya que en dicho complejo comercial operaban oficinas de la desarrolladora inmobiliaria.

Liliana Leal González, una de las afectadas, expresó la indignación del grupo ante lo que consideran una burla por parte de los desarrolladores:

” “Mientras ellos disfrutan de clubes exclusivos, nosotros estamos desesperados por recuperar nuestro patrimonio. Ya no queremos tratos con la familia Lobatón, lo que queremos es que regresen el dinero”, afirmó durante la movilización.

Tácticas dilatorias y llamado al Poder Judicial

La manifestación ocurre en un momento crítico del proceso legal. Tras la reprogramación de la audiencia inicial pactada para el pasado 6 de mayo, los afectados temen que la defensa de Lobatón utilice recursos legales para postergar el juicio indefinidamente.

Puntos clave del proceso:

– Próxima cita: La audiencia de imputación está programada para el próximo 15 de mayo.

– Postura de la Fiscalía: Los afectados reconocieron que la Fiscalía General de Justicia ha dado seguimiento al caso, pero mantienen sus reservas sobre el actuar de los jueces.

– Exigencia a los jueces: El colectivo hizo un llamado al Poder Judicial para no permitir más diferimientos que solo buscan “cansar” a las víctimas.

Un patrimonio en vilo

La desconfianza hacia la empresa Proyectos 9 ha crecido tras las múltiples denuncias por incumplimiento en la entrega de propiedades o devolución de inversiones. Los manifestantes advirtieron que no cesarán en sus acciones de presión pública hasta que se garantice el pago total de los adeudos y se proceda legalmente contra los responsables del que califican como un fraude “cruel” que ha puesto en riesgo los ahorros de toda su vida.