Univisión | Los Ángeles.- Su nombre ofrecía esperanza a los indocumentados que soñaban con una vida mejor en este país, pero el falso manto de ‘La Guadalupana’, como se llamaba una oficina de servicios migratorios que operó en la ciudad de Santa Ana, les robó miles de dólares y los condujo a un infierno.

Las autoridades creen que el negocio, que cerró en mayo de 2003, defraudó a más de 2,000 personas que pagaron unos 4 millones de dólares por la falsa promesa de obtener un permiso de trabajo.

A la fecha aún siguen apareciendo víctimas del mayor caso de fraude de servicios migratorios ocurrido en el condado de Orange. Donde se ejecutó el engaño, en Santa Ana, es latino el 80% de los habitantes.

Trece años después del destape de este robo masivo, los principales operadores de ‘La Guadalupana’ siguen sin ser llevados ante la justicia. Las autoridades creen que su dueño, Roberto Fernández, y la gerente de dicha oficina, Maricela Camarillo, se esconden en algún lugar de México.

“Lo más grave es que la gente pagó para ser deportada”, dijo la abogada Lisa Ramírez, quien representó a más de 50 víctimas, algunas de las cuales lograron acogerse a distintas opciones para permanecer en este país, pero varios otros no pudieron quitarse de encima las órdenes de deportación.

“Hasta ahora sigo dando consulta a gente defraudada por ‘La Guadalupana'”, indicó Ramírez.

Fernández y Camarillo fueron arrestados en 2003, pero salieron en libertad tras el pago de una fianza. A mediados de marzo de ese año debían presentarse ante un juez, pero jamás lo hicieron.

“Los acusados siguen prófugos”, confirmó Roxi Fyad, vocera de la Procuraduría del condado de Orange.

A Fernández, quien actualmente tendría 54 años, y a Camarillo se les acusa de haber engañado a miles de migrantes ofreciéndoles permisos de trabajo a través de anuncios en periódicos y estaciones de radio de habla hispana, y de operar como consultantes de inmigración sin tener permiso.

La Fiscalía argumenta que les pagaron hasta 8,000 dólares, pero casi nadie logró legalizarse, porque su estrategia era solicitar asilo político, para lo cual no calificaban sus clientes.

“€œEn abril de 2001, Roberto Fernández y los empleados de ‘La Guadalupana’ llenaron solicitudes sin el conocimiento ni consentimiento de sus víctimas pidiendo asilo político”€, indica la acusación.

Dicha oficina también ganó popularidad usando un sistema ‘pirámide’ en el que ofrecía descuentos a quienes llevaban familiares y amigos. “€œPor eso obtuvieron tanto dinero”€, señaló Ramírez.

“Habían elaborado un esquema sofisticado en el que la gente sí recibía permisos de trabajo, pero eso sucedió mientras se aprobaba la solicitud de asilo político. Y le seguía pagando a ‘La Guadalupana’, pero después les negaron los casos y los deportaron”, explicó la abogada.

En 2002, en pleno apogeo, los rumores sobre la falsa bendición de ‘La Guadalupana’ llegaron hasta los campos de Oxnard, cien millas al norte de Santa Ana, donde Francisco, originario del estado de Guanajuato, se enteró de que podía obtener lo que creía imposible, una vía hacia la legalización.

Él les pagó más de 30,000 dólares sin enterarse que su proceso fue puesto en la carpeta más complicada del sistema migratorio y terminó enfrentando una orden de expulsión, que un equipo de agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentó acatar en 2011. Se salvó de milagro.

“€œCuando uno escucha todas esas cosas tienes la esperanza de que puedes agarrar un permiso de trabajo”€, menciona Francisco, quien contrató una abogada para luchar por su permanencia en este país, justificando que debe ver por tres hijos menores de edad.

La Procuraduría del condado de Orange empezó a investigar el esquema ilícito de Fernández y de sus cinco empleados (además de Camarillo, otros acusados son Gerardo Calderón, Marco Antonio Fernández Olivares, Adán Martínez y Ulises Fernández, hijo del dueño) después de que el Consulado General de México en Santa Ana alertó a las personas que creían haber sido defraudadas.

En enero de 2005, Calderón fue sentenciado a 270 días de cárcel después de declararse culpable de dos cargos de conspiración para cometer un robo de gran cuantía.

Tras los arrestos en 2003, las autoridades descubrieron que las oficinas de “€˜La Guadalupana”€™ tenían un salón secreto que había sido sellado. En su interior encontraron cientos de cajas con documentos de las víctimas, como actas de nacimiento, visas, pasaportes y declaraciones de impuestos.

“€œIncluso se encontraron tarjetas de crédito de las personas, porque les decían que se las devolverían hasta que pagaran toda su deuda”€, dijo la abogada Ramírez.

Sin embargo, por miedo, muchos afectados decidieron no acudir a reclamar sus documentos.

lff